Un problema común

Si bien cabe celebrar la mayor vigilancia hacia los poderes públicos, no hay que olvidar que la corrupción y el tráfico de influencias tambi

28-09-2015

Todo indica que en los próximos días Michelle Bachelet se dirigirá al país para explicar los principales contenidos del presupuesto de la nación. Aunque se trata de un tema engorroso y de poco interés ciudadano, esta vez la alocución presidencial tendrá especial importancia, pues se debería dar respuesta, o al menos luces, en torno a un conjunto de interrogantes que han cruzado transversalmente el debate de la clase política dirigente, económica y social.

En un escenario de mayores restricciones es evidente que la autoridad pública tendrá que adoptar definiciones, lo que necesariamente conlleva priorizar, postergar y también desechar un conjunto de programas y acciones que originalmente se tenían previstas. Sin duda que se trata de una decisión difícil, la que parece haber madurado desde el tan mentado “realismo sin renuncia” hasta cuando la propia Presidenta hace poco afirmó que deberíamos adaptar las reformas a las opciones financieras del país. Ahí es justamente donde estriba la diferencia entre voluntad y voluntarismo, es decir, cuando somos capaces de reconocer las condiciones de posibilidad de la acción gubernamental y estatal para un determinado contexto.

Pero el tema no sólo se agota en el dónde, sino también en el cómo. Una de las cuestiones que ronda hace décadas la discusión de políticas públicas apunta al perfeccionamiento y modernización en la toma de decisiones, tanto en lo que atañe al diseño de diversos programas, como también a su implementación y evaluación. Contrario a lo que a ratos pudiera parecerle a muchas personas, este reclamo no tiene su origen en una suerte de asepsia tecnocrática, sino en la profunda convicción de que la eficiencia y la eficacia son un componente ético de la acción política. De igual manera, del hecho de soportar impuestos y solicitarle a los ciudadanos que contribuyan al desarrollo de su comunidad, subyace el compromiso moral de que se harán todos los esfuerzos para gastar de la mejor y más rigurosa manera dichos recursos.

La improvisación y la ineficiencia, junto también con la corrupción y el tráfico de influencias, han sido parte de los temas que han monopolizado el debate de los últimos meses. Y aunque debe celebrarse la mayor vigilancia y fiscalización hacia los poderes públicos por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, a ratos pareciera que olvidamos que dichos flagelos también se replican con igual o más intensidad en la dinámica del mercado y de la sociedad civil. Los casos de financiamiento ilegal de la política mediante fraude al fisco por parte de empresas, el conflicto de intereses que afecta a personas que transitan desde instituciones a corporaciones en declarada controversia pública, o el sinnúmero de dirigentes sociales y ambientales cooptados por el financiamiento de grandes capitales e intereses, son sólo un puñado de ejemplos que evidencian cómo estamos frente a un problema estructural.


Disponible en Ideas y Debates de La Tercera

* Fotografía Plataforma Urbana.