«Alarma de incendio»

«La mayoría de los asuntos que afectan los derechos de los ciudadanos se deciden cotidianamente en agencias del gobierno y no en los tribunales».

17-02-2020

Hace pocos días, el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés escribió una columna titulada ‘Chilombia’. Sostuvo que deberíamos mirar con atención la experiencia colombiana para no repetir sus errores. Una de sus razones era que el proceso constitucional colombiano garantizó ‘una lista extensa de derechos sociales’ tutelados judicialmente, que transformaron a los jueces en decisores de política pública y que des-controló el gasto fiscal.

El texto adolece de una serie de sesgos. Una de las primeras cosas que es conveniente recordar es que en el mundo, desde la segunda parte de siglo veinte, los jueces han asumido protagonismo en la protección de derechos, en muchos casos juzgando la provisión de servicios públicos por inadecuadas prestaciones que afectan la vida cotidiana de las personas.

Otra, de común olvido, es que los casos judiciales están sujetos al denominado ‘efecto selección’ (Schauer, 2009), es decir, los incentivos del sistema jurídico crean un mundo en el cual solo ciertas aplicaciones de las reglas se seleccionan para discutirlas judicialmente, y aquellas elegidas tienen la característica especial de situarse en los límites del derecho. De ahí que atribuir a sentencias de efectos particulares la determinación de una política pública es un error. La mayoría de los asuntos que afectan los derechos de los ciudadanos se deciden cotidianamente en agencias del gobierno y no en los tribunales.

Por eso, lo que más importa en materia de derechos sociales es la existencia de un Gobierno de calidad, es decir, que actúe de modo imparcial, que no sea corrupto y que use los recursos eficientemente (Dahlstrám y Delapuente, 2017). La muerte de Vilma Vidal, hace algunos días, es un buen ejemplo. Ella logró que los tribunales determinaran que se le realizara un trasplante para el cual había sido descartada por su edad. Dado que era una patología GES, el protocolo solo permitía el procedimiento hasta los 40 años (ella tenía 46). Pero si se atendía en el sector privado, la edad no era inconveniente. La corte obligó a una evaluación urgente sin considerar su edad. La autoridad de salud postergó su intervención pese a los apercibimientos judiciales. El transplante nunca llegó y Vilma falleció.

El asunto de Vilma Vidal es un símbolo de mitos y deseos. De mitos, porque pese a la intervención judicial para proteger su derecho, su posibilidad de vivir dependía de la eficacia de la administración sanitaria. De deseos, porque su caso representa todo lo que quisiéramos evitar: un Estado administrativo indolente. Si para algo sirve el denominado activismo judicial que le preocupa al exministro Valdés es precisamente como una alarma de incendio acerca de esos espacios de indiferencia estatal que solemos no observar.

Publicada en La Segunda.