«Asociación ilícita en el Estado»

“La Operación Huracán es un símbolo de lo importante que es tener un sistema judicial que controle intensamente a las policías”.

30-07-2018

La semana pasada, al ordenar la prisión preventiva del general (r) de Carabineros Gonzalo Blu por su papel en la Operación Huracán, la Corte de Apelaciones de Temuco de alguna manera se revindicó frente al rol que ella misma cumplió en los orígenes del caso. Había sido uno de sus ministros el que, en base a la Ley de Inteligencia, autorizó sin mayores exigencias las interceptaciones telefónicas que permitieron la elaboración de prueba falsas.

La Operación Huracán es uno de los casos más escandalosos del sistema legal chileno desde el retorno a la democracia. Una asociación ilícita conformada por funcionarios policiales que se organizan con la finalidad de atentar contra la libertad de los ciudadanos. La última vez que algo semejante ocurrió fue en 1985, cuando también funcionarios de inteligencia de Carabineros, concertadamente, secuestraron a tres profesionales comunistas y luego los asesinaron cobardemente, degollándolos. Así de grave es lo que ha sucedido. Pero, salvo la indignación del fiscal a cargo de la investigación, explicada días atrás en una entrevista, la comunidad legal ha guardado silencio. Ni el Colegio de Abogados ni los decanos de las facultades de Derecho han condenado uno de los atentados más serios a la confianza del sistema judicial: la posibilidad que la policía pueda elaborar pruebas falsas para encarcelar y condenar a personas inocentes.

Lo cierto es que el contexto en torno a este caso lo hace aún peor. En una zona donde el Estado ha militarizado un conflicto social, ha legitimado la violencia policial y se han afectado seriamente los derechos de imputados y sus abogados —lo que se ha traducido en condenas de la Corte Suprema y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos—, la Subsecretaría del Interior aprovechó los antecedentes de una operación de inteligencia falsa para aprobar subrepticiamente una norma que ampliaba las interceptaciones telefónicas: el tristemente celebre “decreto espía”, rechazado sólo por la oposición activa de la prensa la sociedad civil y la Contraloría.

En estos días se han escuchado noticias alentadoras sobre los acercamientos de las comunidades indígenas, víctimas, la sociedad civil y el Ministerio de Desarrollo Social, para avanzar en una solución razonable al conflicto que nos ha tenido durante largos años en una escala de violencia social y estatal. En este contexto, la Operación Huracán es un símbolo de los abusos en que puede incurrir el Estado, de lo importante que resulta tener un sistema judicial que controle intensamente a las policías —aun cuando moleste al ministro del Interior— y de la necesidad de que estos hechos nos indignen a todos, por la sanidad de nuestra convivencia democrática.

Disponible en La Segunda