“Aumento de planes de salud de las Isapres: a ponerle el cascabel al gato”

“Un estudio de Espacio Público muestra que un 40% de los consumidores no puede cambiarse de ISAPRE porque alguno de sus familiares está en un tramo de edad particularmente riesgosa, o bien tiene enfermedades preexistentes”

04-04-2019

El célebre economista Albert Hirschman señalaba que los consumidores tienen dos herramientas para disciplinar el mercado: pueden reclamar cuando una empresa hace mal las cosas (voice), o bien pueden cambiarse a otra empresa que los atienda mejor (exit). Lógicamente, las dos tareas principales de la regulación económica consisten en limitar las trabas que impiden a los consumidores cambiarse de proveedor y facilitar los mecanismos para que los consumidores reclamen sus derechos. Nuestras autoridades de gobierno, sin embargo, parecen empeñadas en hacer precisamente en lo contrario.

Ayer, un grupo de ISAPRE cuya participación representa cerca del 80% del mercado anunció un alza significativa en el valor de sus planes de salud. Sorprendentemente, el Superintendente declaró que parte de esa alza estaría motivada por un aumento en la judicialización de los conflictos entre las ISAPRE y sus consumidores. La principal fuente para esta judicialización corresponde a cerca de dos millones de recursos de protección que las ISAPRE han perdido durante la última década. En todos estos casos se determinó que las referidas alzas en los planes de salud eran ilegales porque carecían de una justificación en atención a los costos reales de las prestaciones médicas.

Como se aprecia, lo que estarían buscando las ISAPRE es compensar este aumento en la cantidad de personas que reclaman por las alzas ilegales en los planes de salud, con un aumento aún mayor respecto de quienes se abstienen de reclamar. Veamos un ejemplo. Imaginemos que usted es una ISAPRE con 100 afiliados y quisiera aumentar sus ingresos en $200. Lógicamente puede obtener esa suma recargándole $2 adicionales a cada consumidor. Ahora bien, si anticipa que la mitad de sus consumidores reclamaran judicialmente, la manera más sencilla de neutralizar este problema consiste en fijar el alza de $4. Ciertamente, esta alza carece de justificación y perderá los 50 recursos de los consumidores que efectivamente reclaman, pero recaudará los mismos $200 respecto de aquellos otros 50 consumidores que se abstengan de reclamar.


Desde esta perspectiva, las declaraciones del Superintendente resultan preocupantes. Lejos de facilitar alternativas para que los consumidores reclamen sus derechos, pareciera estar validando un mecanismo de alzas en los planes de salud que resulta completamente ilegal y erosiona la capacidad que tienen estos recursos judiciales para disciplinar el comportamiento de las empresas.

A ello se agrega que la otra herramienta para disciplinar a las ISAPRE funciona bastante mal. Un estudio de Espacio Público muestra que un 40% de los consumidores no puede cambiarse de ISAPRE porque alguno de sus familiares está en un tramo de edad particularmente riesgosa, o bien tiene enfermedades preexistentes. El 60% restante, a su vez, enfrenta dificultades para cambiarse de proveedor, toda vez que el exceso de planes ofrecidos impide una comparación apropiada o existen acuerdos de exclusividad con ciertas clínicas que limitan la competencia.


Nuevamente, la conducta del regulador resulta preocupante. En lugar de impulsar mecanismos para facilitar la comparación de los planes de salud o preocuparse por disminuir los niveles de integración vertical en la industria, a finales del año pasado la Superintendencia de Salud decidió retirar una circular que obligaba a las ISAPRE a disminuir el precio de los planes una vez que los afiliados pasaban a un tramo de edad menos riesgoso.


En ambos casos, el gobierno intenta justificar su pasividad en que la regulación sería deficiente y resulta necesaria una reforma legal profunda. Pero esta es una verdad solamente a medias. Respecto de lo primero, es necesario que el regulador explique detalladamente donde está la justificación en costos para las alzas, o bien utilice las herramientas legales que actualmente tiene a su disposición para proteger a los consumidores. La Superintendencia de Salud tiene atribuciones generales para imponer multas a las ISAPRE que actúen de manera ilegal, y hay que recordar que existen más de dos millones de casos donde nuestros tribunales consideraron que efectivamente se produjo una ilegalidad. Respecto de lo segundo, es necesario que el regulador explique dónde estarían las ilegalidades de la circular, o bien proceda a publicarla. Nada de lo anterior requiere una reforma legal. De hecho, y utilizando la misma analogía con que el Ministro de Salud prometía hacerse cargo de estas reformas legales profundas, solamente se necesita la voluntad política para ponerle el cascabel al gato.

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