“Círculo vicioso”

La disputa infantil entre las administraciones de Bachelet y Piñera por el contenido y autoría de estos proyectos ha impedido una solución oportuna.

26-03-2018

Uno de los atributos de un buen sistema democrático es la alternancia en el poder. La posibilidad que coaliciones pasen de la oposición al gobierno permite que los políticos conozcan las complejidades de diseñar y ejecutar políticas públicas. En el largo plazo, es razonable esperar que al menos un conjunto de iniciativas se puedan sostener sencillamente porque son buenas para el país, con indiferencia de quien gobierne.

Para que eso suceda es necesario tener burocracias y equipos técnicos estables que le den continuidad a la racionalidad que subyace a la discusión de muchas iniciativas. Así, quienes asuman un nuevo gobierno deben ser capaces de contener su soberbia.

Nuestro país está capturado en los cambios de gobierno por el cortoplacismo y la petulancia. Mientras todas las coaliciones políticas han señalado que es necesario tener buenos gestores públicos y que resulta conveniente respetar el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), los cambios de administración sucesivos entre Bachelet y Piñera muestran que ese compromiso no ha sido honesto. Según han constatado Inostroza y Abarzúa, en los cambios de coalición el 70% de los cargos de ADP fueron cesados antes del término de su período. La nueva administración de Piñera se enfrenta a nuevas reglas de desvinculación de estos directivos, aprobadas en 2016 con la finalidad de imponer exigencias si se quiere prescindir de ellos. Por ello, su ejercicio indebido puede terminar por sepultar definitivamente la legitimidad del sistema.

Otra manifestación de esto son las iniciativas legales. Se ha transformado en un signo de los cambios de gobierno retirar proyectos y luego reingresarlos, o bien dejarlos sin tramitar, pese a los acuerdos que sobre ellos existen. Es lo que sucede con la reforma al Sename que desde 1996 tiene propuestas destinadas a transformarlo en dos servicios. La disputa infantil entre las administraciones de Bachelet y Piñera por el contenido y autoría de estos proyectos ha impedido una solución oportuna. Lo mismo sucedió con iniciativas como la agencia de evaluación de políticas públicas o la institucionalización de Chile Atiende. Ambos han sido retirados u olvidados en el Congreso sencillamente porque otra administración los presentó, pese al consenso manifestado incluso en los programas presidenciales de esta última elección.

Gobiernos de cuatro años, la inestabilidad de los gestores públicos, la soberbia de querer refundar la República cada vez que se asume el poder y un cierto infantilismo político han generado un círculo vicioso que está afectando a los ciudadanos en su vida cotidiana, curiosamente en ámbitos donde existen acuerdos que a estas alturas constituyen verdaderos compromisos públicos que se deberían cumplir.

Disponible en La Segunda