“Control preventivo de identidad”

Un tema tan sensible como la ampliación de las facultades policiales requiere considerar la mejor evidencia disponible en el país.

17-10-2017

Señor Director:

Llamo al diputado Fuenzalida a no perder el foco del debate. El punto de fondo en relación con su propuesta de ampliar el control preventivo de identidad a menores de 18 años y mayores de 16 es la forma en que estamos legislando en materia de seguridad ciudadana. Si lo hacemos con diagnósticos basados en la intuición, las anécdotas o los prejuicios, corremos el serio riesgo de que las medidas que se proponen no resuelvan los problemas y se generen unos nuevos adicionales. Peor aún si lo hacemos desconociendo la evidencia. Esto es lo que llamo legislar en la oscuridad. No es la respuesta que esperan y merecen nuestros ciudadanos.

Un tema tan sensible como la ampliación de las facultades policiales requiere considerar la mejor evidencia disponible en el país. Lamentablemente “pisar la calle”, como propone Fuenzalida, no parece ser suficiente para legislar. Por ejemplo, en su carta especula que la baja de controles de identidad del artículo 85 del CPP, desde la adopción del nuevo control preventivo, podría tener justificación en “la gran cantidad de detenciones que se declaraban ilegales”. ¿Qué indica la evidencia? Que entre los años 2010 y 2016 solo un 0,8% de las detenciones han sido declaradas ilegales por los jueces, y proyectados esos datos, aún de manera favorable a su postura, menos de un 0,07% del total de controles de identidad del art. 85 habría sido objeto de escrutinio judicial y luego considerado ilegal. Así, considerando toda la evidencia disponible, instituciones tan diversas como Fundación Paz Ciudadana, Unicef y la Defensoría Penal Pública, entre otras, han manifestado ante el Congreso serias reservas a la necesidad y conveniencia de avanzar con este proyecto.

Tampoco parece ser suficiente quedarse solo con la opinión de Carabineros. Particularmente considerando que no han producido información básica que se requiere para evaluar adecuadamente el uso que hacen de esta facultad, por ejemplo, aportando datos sobre el género, edad, nacionalidad, lugar de control y domicilio de residencia de las personas controladas, horarios de los controles, etcétera. Sin eso se impide un adecuado control público sobre una facultad que incluso ahora, sin tener esta información, se pretende ampliar.

Carta publicada en El Mercurio el 17/10/2017