«Delincuencia y migración: mitos y realidades»

«…Cuando los diagnósticos en materia de seguridad pública no tienen base empírica, sino que se construyen sobre la anécdota o el prejuicio, las ganancias que a corto plazo se pueden obtener son muy menores (…) Estos discursos no solo no hacen ningún aporte para construir una estrategia más fina en la tarea de reducir el delito y mejorar la seguridad, sino también instalan una cultura de desconfianza y temor sobre un fenómeno social que llegó para quedarse…»

23-01-2019

Hace algunos días se dio a conocer la primera parte de la encuesta de Espacio Público-Ipsos denominada “Chilenas y chilenos hoy: desafiando prejuicios, complejizando la discusión”, que viene con interesantes, pero a la vez muy preocupantes, resultados en materia de percepciones de la ciudadanía en relación a la migración en nuestro país y, particularmente, en la asociación que realiza la gente entre este proceso y la delincuencia. Este tema específico será el foco de esta columna, ya que me interesa contrastar estas percepciones con otros datos empíricos sobre nuestra realidad y hacer algunas reflexiones sobre esto.

La encuesta Espacio Público-Ipsos cubre tres núcleos urbanos del país (Valparaíso y Viña del Mar; Concepción y Talcahuano, y el Gran Santiago) y se realizó presencialmente a 1.003 personas, siendo su trabajo de campo efectuado entre mediados de noviembre y mediados de diciembre de 2018. Mayores detalles metodológicos y de los otros temas cubiertos por la misma pueden verse en la página web de Espacio Público.

Un primer hallazgo de interés para contextualizar el tema es que un 43% de los encuestados señaló considerar que la migración ha sido dañina para el país porque aumentan los problemas sociales (53% en cambio considera que ha sido beneficiosa). Se trata de un porcentaje muy alto si se considera que a nivel discursivo la tendencia natural de la gente es a apoyar afirmaciones que son políticamente correctas y esta pareciera no caer dentro de esa categoría. Por ejemplo, en la misma encuesta, cerca de un 80% de las personas se manifestó de acuerdo con la integración social de barrios y escuelas y menos de un 20% en contra. ¿Qué nos muestra esto? Al menos que, en materia de migración, pareciéramos tener menos acuerdo o estar mucho más divididos en cómo la percibimos y valoramos como sociedad.

A pesar de lo delicado de este primer aspecto, lo más preocupante, en mi opinión, surge al ver las respuestas que las personas dan frente a la pregunta de las preocupaciones específicas que genera la llegada de migrantes al país. La más mencionada (con un 59%) y considerada más importante (con un 37%) es que aumente la inseguridad, el tráfico de drogas y la delincuencia con los inmigrantes. Esto se produce tanto con quienes tienen una visión positiva de la migración, al estimar que aporta beneficios, como dentro de aquellos que estiman dañino el fenómeno.

La pregunta natural que surge es si está preocupación tiene algún sustento empírico en la realidad. La verdad es que los pocos datos disponibles en la materia tienden a mostrar que no es posible realizar ninguna asociación entre migración y aumento de la delincuencia. Por cierto, con la información hoy disponible no es posible aislar la variable migrantes para analizar su impacto en las cifras de victimización. En todo caso, en la última ENUSC disponible (2017) y en el Índice Paz Ciudadana – GFK Adimark (septiembre 2018) es posible observar que hay niveles más bajos de victimización que en años previos a los que se produjeran procesos de migración masivos experimentados en el último par de años. Esto sugiere que nuestros problemas de delincuencia no se ven afectados por la migración o que, al menos, corren por otros carriles muy distintos.

En ese contexto, un dato interesante es el proporcionado por la Defensoría Penal Pública respecto de la nacionalidad de los clientes que atienden. Recordemos que esta institución presta asesoría jurídica a más del 90% de los imputados por crímenes o simples delitos en el país y, por lo mismo, sus datos son bastante representativos de la realidad de funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal. Según sus estadísticas del año 2017, solo el 2,5% de los imputados atendidos fue extranjero y entre enero y agosto de 2018 dicha cifra sería de un 3%. Para el mismo período se estima que la población extranjera en Chile sería de un 4,4% del total de la población (Censo 2017). Es decir, su participación sería proporcionalmente menor en relación a la de los chilenos en la comisión de presuntos delitos. Esta cifra mejoraría si hiciéramos algunas correcciones. Por ejemplo, los datos muestran que el 86,9% de los extranjeros residentes tienen entre 15 y 64 años, edad en que mayoritariamente se concentran las personas infractoras, en tanto que los chilenos serían solo un 68,7% en esa edad (Censo 2017). Evidencia adicional de la Defensoría Penal Pública mostraría que la mayor cantidad de extranjeros involucrados en delitos es en calidad de víctimas y que un porcentaje importante de los extranjeros imputados (considerando variables como la distribución geográfica y tipo de delitos imputados) serían transeúntes y no migrantes propiamente tal.

Otro dato interesante lo arroja una encuesta regional de Ipsos dada a conocer a fines de 2017 en la que se preguntaba una estimación del porcentaje de extranjeros que se pensaba estaban en las cárceles. Los chilenos estimaron en promedio que el 21% de los presos eran extranjeros, cuando a la fecha la cifra oficial indicaba que ellos solo llegaban al 3,4% del total.

¿Qué explica la distancia que pareciera existir entre estas percepciones y la realidad? Solo puedo formular algunas hipótesis al respecto. Una primera cuestión a considerar es que la seguridad es consistentemente mencionada por diversas encuestas (incluida la misma Espacio Público-Ipsos) como la principal preocupación ciudadana general. En ese contexto, es posible que esta preocupación se traspase a otros ámbitos como la migración y la integración social de barrios (donde la preocupación por seguridad también aparece como una cuestión relevante en la encuesta).

Más allá de esto, observo con preocupación que el discurso oficial de nuestras autoridades el último año ha puesto especial énfasis en asociar la migración con la delincuencia y la inseguridad y eso podría explicar cómo esa forma de comunicar ha instalado un prejuicio en el debate público. En efecto, en buena medida, uno de los argumentos que se ha esgrimido para justificar la nueva política migratoria y la ley que se discute actualmente en el Congreso ha sido el de querer promover una migración de personas trabajadoras y no delincuentes, sugiriéndose de esta forma que tal vez muchos delincuentes extranjeros han ingresado a Chile en los últimos años. Esa retórica ha venido acompañado de diversas estrategias comunicacionales de alto impacto como, por ejemplo, la transmisión de la expulsión de migrantes condenados por delitos. Esto no parece quedar aquí, sino que crecientemente el lenguaje utilizado en el debate público por parte de las autoridades instala imágenes aún más dramáticas de lo que está pasando. Recientemente, el Presidente de la República ha ocupado un lenguaje muy poco apropiado al señalar “vamos a cerrar las fronteras con machete a los que vienen hacer daño”. La repetición constante de discursos de este tipo tiende a instalar un debate focalizado más en prejuicios y mitos que en lo que las cifras muestran sería nuestra realidad. Esto podría extenderse también a la manera en que medios de comunicación estructuran su pauta noticiosa en materias de seguridad.

Como he señalado en otras columnas, cuando los diagnósticos en materia de seguridad pública no tienen base empírica, sino que se construyen sobre la anécdota o el prejuicio, las ganancias que a corto plazo se pueden obtener son muy menores en relación a las consecuencias que a largo plazo generan. El famoso dicho de “pan para hoy y hambre para mañana” parece describir muy bien esto. En este caso en particular, me preocupa que estos discursos no solo no hacen ningún aporte para construir una estrategia más fina en la tarea de reducir el delito y mejorar la seguridad, sino también instalan una cultura de desconfianza y temor sobre un fenómeno social que llegó para quedarse, como lo es la migración, y con el cual debemos aprender a convivir y aprovechar para desarrollarnos como una sociedad mucho más justa, diversa e integrada. Hoy parecemos estar un poco lejos de eso.

Disponible en El Mercurio legal