Eduardo Engel alerta por concesión a carretera tramo Talca-Chillán: “El MOP quiere volver a un mecanismo de licitación que está obsoleto”

12-09-2019

Gobierno anunció en marzo de este año que relicitaría el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 Sur por plazo fijo y menor peaje, a poco de que termine el actual contrato, que tiene fecha de expiración en mayo de 2020. Pese a que públicamente se han anunciado mejoras como implementación de telepeaje, ensanchamiento de pistas, mejores accesos a ciudades y localidades de las regiones de Maule y Ñuble, el modelo planteado para esta relicitación (a plazo fijo) llevará a renegociaciones que han sido muy costosas para los usuarios y contribuyentes, reduciendo la productividad de las concesiones. 

Es por esta razón que la Comisión de Obras Públicas del Senado invitó a nuestro director y académico de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, para explicar los modelos y mecanismos de sistema de financiamiento de obras públicas a través de licitaciones; así como también al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para explicar los criterios adoptados para la licitación, y en particular, por qué el MOP optó por volver a las licitaciones de plazo fijo con sus altos niveles de renegociación y costosos premios por riesgo.

“La preocupación que le hemos manifestado al ministro Moreno es que a la fecha, el MOP está anunciando la primera relicitación de concesión vial que es la Ruta 5 Talca-Chillán, y lo que se ha señalado es que el modelo de negocios será el mismo que se utilizó en la década de los 90, que es contrato a plazo fijo por 25 años” afirmó la senadora y presidenta de la Comisión, Ximena Órdenes, en conferencia de prensa tras sesión en el Congreso en Valparaíso.

En tanto, Eduardo Engel sostuvo que “es muy importante que estemos atentos a que el MOP quiere volver a un mecanismo de licitación que está obsoleto y abre espacios para que la corrupción entre en las concesiones en Chile. Con el sistema de plazo fijo, que rigió hasta el 2006, se renegociaba un 57%, es decir, el costo de los proyectos aumentaba un 57%, producto del cambio al contrato original. A partir del 2006 se pasó a plazo variable, y eso cayó al 6%, es decir, hubo una reducción del 89% en los montos renegociados en cada concesión en Chile, eso es notable”.

El director de Espacio Público también recordó, a modo comparativo, el principal caso de corrupción en la región, Odebrecht y agregó que éste “ha demostrado una relación cercana entre renegociaciones y corrupción. Aquellos contratos en los que Odebrecht pagó sobornos renegociaron once veces más que aquellos que no hubo renegociación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en Chile es volver atrás, a un mecanismo de licitación de los 90, es abrir un espacio de corrupción, donde no hay ningún buen motivo para hacerlo”.

Vuelta a la década del 90

Tal como explicaron Eduardo Engel, Ronald Fischer y Alexander Galetovic en su columna publicada el 29 de agosto en El Mercurio, cuando se introdujeron las concesiones de carreteras hace más de 25 años, se optó por licitarlas por plazo fijo a quien ofrecía cobrar el menor peaje. Se pensaba que, gracias a la competencia por la licitación, los peajes serían bajos y que los concesionarios asumirían los riesgos del negocio.

La realidad resultó ser peor de lo esperado y el método anterior se reemplazó hace más de una década por uno mejor —las licitaciones por menor valor presente de los ingresos o VPI—. Volver a las licitaciones de plazo fijo, como planea el MOP, sería un retroceso costoso para los usuarios y para los contribuyentes.

Las concesiones de plazo fijo se abandonaron porque el concesionario asume el riesgo de demanda, a pesar de que no lo puede controlar. Este riesgo es grande, porque los contratos duran varias décadas y las proyecciones de demanda de largo plazo son imprecisas. El concesionario cobra caro por asumir el riesgo de demanda o exige garantías de tráfico mínimo.

Además, era común que los contratos de plazo fijo se renegociaran en favor del concesionario si la demanda era mucho menor que la proyectada, que fue lo que sucedió durante la recesión de fines de los 90. Las renegociaciones anulan los beneficios de la competencia de la licitación y favorecen a las empresas con capacidad de lobby, no a las más eficientes.