«El estallido policial en Chile»

«Más allá de las divergencias, la reforma policial es un ingrediente específicamente para garantizar la legitimidad del proceso, la profundización de los cambios y la calidad de la democracia».

12-12-2019

El 18 de octubre de 2019 será grabado como el día que se generó el «estallido social» en Chile. Reconocido como uno de los momentos claves de la democracia chilena de las últimas cuatro décadas que muestra un profundo descontento ciudadano por una elitización de la política, amplios niveles de percepción de precariedad y maltrato, y una profunda desigualdad social. 

Desafortunadamente, la movilización social no ha estado exenta de violencia en las calles. Incendios, barricadas y diversos enfrentamientos con la policía han marcado los 50 días de protestas en diversas ciudades del país. En este contexto, múltiples denuncias de uso excesivo de violencia por parte de Carabineros de Chile así como de violación de Derechos Humanos. Informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Human Rights Watch así lo enfatizan, con múltiples evidencias que incluyen detenciones arbitrarias, uso desmedido de armas no letales y violencia sexual. 

Esta coyuntura ha permitido mostrar la situación crítica que enfrenta Carabineros de Chile , la policía preventiva, expresada en tres dimensiones: 1) Crisis de rendimiento : referida a la falta de capacidad profesional para cumplir eficazmente sus funciones de prevención, investigación de los delitos y control del orden público; 2) Crisis de control : referencia a su excesiva autonomía (fáctica) y escasa rendición de cuentas en materia de gestión operativa, financiera y desarrollo institucional; y 3) Crisis de legitimidad : referencia a la pérdida de credibilidad y confianza en amplios sectores de la población. 

Estas crisis le han impedido a la institución cumplir satisfactoriamente con sus principales funciones constitucionales y legales, incluidas la prevención e investigación de delitos y el control del orden público. Lo ocurrido las últimas semanas ha hecho más evidente la presencia de múltiples problemas que han generado esta crisis y que por décadas se mantuvieron invisibles debido al control civil sobre las instituciones policiales y los altos niveles de confianza ciudadana. 

La magnitud de la crisis que afecta a Carabineros de Chile hace difícil que pueda ser superada en un plazo breve con algunos proyectos de reforma legal específicos, como los que actualmente se transmiten en el Congreso Nacional. Se necesita reformas profundas, incluso algunas referencias a aspectos estructurales de su configuración institucional actual que no han estado en la mesa de discusión. Por ejemplo, su carácter militarizado, la existencia de dos escalafones tan diferenciados como los actuales, sus niveles de centralización, entre otros. 

Este debate se debiera hacer sin prejuicios ni temas vedados y estar abierto a pensar en soluciones que pueden pasar por la configuración de nuevas organizaciones policiales con funciones más acotadas que las que en la actualidad tiene Carabineros. Más allá de esto, es difícil que se pueda avanzar en una nueva institucionalidad policial eficaz y socialmente legítima, sin abrir un debate y contar con un nuevo consenso respecto al horizonte normativo del tipo de organización policial que esperamos consolidar a mediano y largo plazo. 

Dicha orientación debe avanzar a lo que la literatura identifica como un modelo de policía democrática. Las políticas democráticas tienen por resguardar el bien común, garantizando, contra toda otra fuerza, los derechos de las personas. Con tal propósito, la policía es el único organismo habilitado para detectar el monopolio legítimo de la fuerza, y cuyo ejercicio se relaciona con la autoridad civil del Estado, actuando en su nombre. El desafío central de toda la policía democrática es la prestación de un servicio de manera justa y efectiva ante el delito, generando legitimidad social y apegada a la legalidad, contribuyendo con ello a la cohesión social. Esto supone una visión muy diferente a la que actualmente pareciera orientar el trabajo de Carabineros y, como indicamos, supondría pensar de una manera muy diversa su configuración institucional actual. Una orientación de esta naturaleza debe luego traducirse en el desarrollo de modelos policiales más específicos.

Una reforma de esta naturaleza supone ser enfrentada como una tarea de Estado, con amplios niveles de consenso entre distintos sectores y liderazgo político sostenido en el tiempo. También requiere ser llevado con y no contra las políticas, lo que significa que se debe obtener el compromiso de la propia institución e identificar líderes específicos para participar de este proceso, para ello la autoridad política debe establecer y utilizar los incentivos que promuevan una participación institucional leal y comprometida con el proceso de cambio. 

En un informe reciente publicado por Espacio Público incluye medidas de corto, mediano y largo plazo que el gobierno debe asumir para poder enfrentar las tres dimensiones críticas del accionar policial. Los desafíos que enfrenta Chile son enormes y tiernos una reconstrucción de un modelo de desarrollo distinto que será debatido a profundidad los próximos 24 meses. Más allá de las divergencias, la reforma policial es un ingrediente específicamente para garantizar la legitimidad del proceso, la profundización de los cambios y la calidad de la democracia. 

Disponible en Global Americans

Lucia Dammert es académica de la Universidad de Santiago de Chile y Directora de Espacio Público . Mauricio Duce es académico de la Universidad Diego Portales y Director de Espacio Público.