“El relato de la reforma del Estado”

El relato de un Estado moderno y tecnológico olvida que para avanzar en estas reformas se necesita una administración pública necesita una administración pública flexible.

04-06-2018

Los anuncios del Presidente de la República en su cuenta pública en materia de reformas del Estado, algunos de los cuales ya conocíamos, se reducen a la transformación digital de trámites, la existencia de un consejo permanente de modernización del Estado —sin ningún detalle que permita emitir opinión —, y proyectos de ley destinados a profundizar en la agenda anticorrupción. Su contenido tiene bastante en común con los debates recientes en muchos países de la OCDE.
Las propuestas deben ser apoyadas, pero el Presidente debiera tener presente que su relato adolece de inconsistencias que pueden comprometer el éxito de ellas. Mientras su discurso reclama la necesidad de un Estado para el siglo XXI, y la transformación digital es una especie de promesa que nos llevaría a un eventual paraíso en el funcionamiento de la administración pública, las ideas conocidas hasta ahora no se hacen cargo de la que es, quizá, la principal dificultad: disponemos de un sistema institucional, como he planteado en otras oportunidades, que rigidiza en extremo la estructura de las agencias administrativas.
El ícono de esto es la propia agenda digital, que se exhibe como una de las pretensiones más revolucionarias. Para poder avanzar en ella fue necesario crear una división, mediante una ley, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Para ello el gobierno de Michelle Bachelet utilizó un proyecto misceláneo —el de reajustes del sector público para el año 2018— para poder reconocer la existencia de una simple unidad administrativa para cumplir este propósito.
Porque, aunque muchos no lo crean, en nuestro país no es posible innovar y racionalizar ningún aspecto de la organización estatal, aún en casos evidentes de duplicidad de funciones, sin ley previa. Mientras el discurso del Presidente habla de la necesidad de un Estado moderno y tecnológico, que se haga cargo de los nuevos desafíos, ese relato olvida que el supuesto esencial para avanzar en estas reformas es lograr una administración pública flexible.
De lo contrario, la agenda estructural que pretende promover será víctima de la propia burocracia legal que la gobierna, herencia de un modelo rígido impuesto por la Constitución de Pinochet que impide, hasta hoy, el desarrollo de un sistema institucional moderno que permita cumplir con las promesas de transformación estatal.
Una reforma del Estado —incluida en ella la de simplificación de trámites, que es necesaria no sólo para la inversión, como cree el Gobierno— requiere de una institucionalidad pública adaptativa, que pueda reaccionar oportunamente a las demandas públicas Eso es mucho más complejo políticamente que a las demandas públicas. Eso es mucho más complejo políticamente que desarrollar aplicaciones para nuestros teléfonos inteligentes como si fuera un capítulo más de Black Mirror.

Disponible en La Segunda