En tiempos de pandemia: el acceso al agua como un privilegio

«La pandemia nos muestra la inequidad y fragilidad de nuestro sistema como garante de derechos básicos».

08-04-2020

Para enfrentar el COVID-19, la OMS ha recomendado como primera medida de protección el lavado de manos. Aunque esta indicación puede parecer sencilla, existe un grupo no menor de compatriotas para quienes es prácticamente imposible cumplirla.

De acuerdo a una investigación realizada por Fundación Amulén y PUC, alrededor de un millón de personas en Chile están afectadas por la escasez hídrica y no tienen asegurado el acceso al agua potable. Esta situación ocurre principalmente en la ruralidad del país, en donde el 47,2% no tiene acceso al agua de forma regular. De ellos, un 58,8% se abastece por pozos; el 25,8% de aguas superficiales y un 15,4%, mediante camiones aljibes.

Lo anterior implica que el acceso al agua se realiza de manera informal, en donde ni la calidad ni la cantidad de la misma son seguras. El estudio también muestra que existe una correlación casi perfecta entre carencia de agua potable y pobreza: de un total de 241 comunas con alta pobreza multidimensional, 194 de ellas no tienen acceso a agua potable. Así, esta condición parece constituir una situación basal del resto de las vulnerabilidades económicas, ambientales y sociales que viven las familias rurales de Chile.

La falta de acceso al agua se debe a la baja prioridad asignada al fortalecimiento de los sistemas de Agua Potable Rural, muchos de los cuales no cuentan con derechos de aguas formales y que en la actual megasequía no logran abastecer correctamente la demanda. Además, existe una falta de planificación a largo plazo en la búsqueda de alternativas para aquellas comunidades que dependen de fuentes informales de agua. Los camiones aljibes se han transformado en una solución permanente para miles de familias y en un gasto para el Estado que en los últimos 5 años equivale a la construcción de 9 hospitales.

La realidad que revela la pandemia ha estado presente por muchos años en nuestro país, pero ahora se nos muestra con nueva fuerza y gravedad. Para muchos de nosotros, es impensable tener que estar calculando nuestro uso de agua para tareas cotidianas: ¿se imaginan tener que organizar la vida decidiendo si el agua se utiliza para lavarse las manos, cocinar o lavar? Por eso, necesitamos que el acceso al agua potable sea un derecho humano garantizado y no un privilegio.

La pandemia nos muestra la inequidad y fragilidad de nuestro sistema como garante de derechos básicos. El hecho de que miles de habitantes se encuentren en una situación de acceso hídrico precarizado es otra variante de la injusticia ambiental que ha producido el modelo de desarrollo en Chile.

La crisis puede ser también una oportunidad para cambiar esta tendencia. Por un lado, es necesario que el Gobierno genere soluciones de emergencia para estas familias, aumentando urgentemente los litros distribuidos. Por otro, y a mediano plazo, debe priorizar la pregunta sobre cómo hacer que nuestro sistema sea más resiliente, equitativo y se encuentre mejor preparado para situaciones socioambientales que serán cada vez más desafiantes, sobre todo en contextos de crisis climática.

Al respecto, mejorar el funcionamiento de los APR y mantener la priorización de usos en la Reforma al Código de Aguas parecen buenas señales antes del proceso constituyente, el cual debe estar centrado en la protección de las personas y el medioambiente, y en donde comprender el agua como bien común es un asunto clave.