«Endeudamiento de TVN y garantías fiscales»

‘…en relación con la solicitud de TVN para incrementar sus niveles de endeudamiento, el Ministerio de Hacienda tiene una doble responsabilidad: evitar que aumente la deuda fiscal indirecta y asegurarse de que la televisión pública siga teniendo esa condición…’.

03-11-2018

La situación financiera de Televisión Nacional de Chile (TVN) vuelve a estar en el centro de la noticia. Además del importante aumento de capital que aprobó el Congreso y que estaría siéndole traspasado, TVN quiere contratar un crédito con una institución financiera. Frente a esto, parece conveniente recordar algunos aspectos fundamentales del financiamiento de las empresas públicas.

En principio, el gasto en hospitales, colegios, policías y otras funciones públicas se financia con los ingresos fiscales del año correspondiente. Cuando ello no es posible, el Estado emite bonos soberanos o contrata líneas de crédito con entidades financieras internacionales, todo lo cual se denomina deuda fiscal directa.

Las deudas indirectas, por su parte, consisten en un conjunto bastante extenso e indeterminado de herramientas: desde simples créditos a particulares donde el Estado actúa explícitamente como aval, hasta garantías complejas y cuyo monto resulta difícil de determinar.

l ejemplo típico de esto último son las obligaciones de compensar a las concesionarias de autopistas cuando no se cumplen las metas de recaudación mínima. Desde esta perspectiva, la situación de las empresas públicas es particular. Por una parte, el Estado tiene una prohibición constitucional de dar créditos o garantizar deudas de empresas públicas.

Ello constituye una de las pocas prohibiciones absolutas que tiene nuestra Constitución y es representativa de su obsesión por limitar la actividad de las empresas públicas.

Sin embargo, y a pesar de ello, existen al menos dos emisiones de bonos por parte de empresas públicas donde el Estado efectivamente actúa como aval. De hecho, todos los años nuestra Ley de Presupuestos destina una partida especial al pago de estas deudas.

Más allá de los reparos jurídicos que merece esta práctica, ello responde a una realidad compleja. El Estado efectivamente es dueño residual de todo lo que tienen las empresas públicas, por lo que permitir que vayan a la quiebra significa permitir también que esos activos se privaticen, así como agudizar un problema social.

Es lo que sucedió con la Empresa Nacional del Carbón hacia finales de la década de los noventa. Sus activos subyacentes quedaron en manos de una empresa privada —que además terminó realizando uno de los mayores fraudes que se recuerden—, mientras los problemas sociales de Lota y Coronel siguieron siendo un problema público.

Por esta razón, la OCDE señala que el Estado siempre entrega una garantía implícita a las empresas públicas, con independencia de lo que digan las reglas jurídicas aplicables. La última modificación a los estatutos legales de TVN aborda este problema exigiendo que toda operación de financiamiento con el sector privado sea previamente aprobada por el Ministerio de Hacienda. Aunque esta autorización fue entregada a mediados de esta semana, es importante destacar dos conceptos.

Para empezar, en caso alguno ello implica que el Estado actúe como garante del crédito. Como vimos, existe una prohibición constitucional explícita sobre la materia. Enseguida, el control por parte del gobierno debe ir más allá que revisar las condiciones del crédito.

Lógicamente es necesario que la operación de financiamiento se realice en condiciones competitivas. Pero deben existir también resguardos concretos para evitar que esta garantía implícita, que siempre existe respecto de las empresas públicas, ponga nuevamente al Estado entre la espada y la pared.

Las deudas fiscales indirectas han sido un foco de preocupación en las últimas décadas, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Su control por parte del Congreso y la Contraloría es menos intenso que con la generalidad del gasto público. Sin embargo, detrás de ellas subyacen las mismas objeciones de legitimidad democrática. Cada peso de endeudamiento fiscal es dinero que gastarán las generaciones actuales, pero que deberán pagar las generaciones futuras.

Lo mismo ocurre cuando se deteriora la situación financiera de una empresa pública y termina privatizándose, toda vez que las generaciones futuras recibirán un Estado más pobre y con menores capacidades para perseguir el bien común. En definitiva, el Ministerio de Hacienda debe asegurarse de que la posición financiera de TVN sea sostenible en el tiempo, porque tiene una responsabilidad política doble: evitar que aumente la deuda fiscal indirecta y asegurarse de que la televisión pública siga teniendo esa condición.

Disponible en El Mercurio