«ENUSC 2018: necesidad de avanzar en un debate serio sobre la delincuencia en Chile»

«…Poner el foco en ganarse la ‘autoría’ de los resultados o en correlacionarlos con alguna medida específica sin evidencia que lo demuestre simplifica la discusión y no contribuye nada a que intentemos comprender qué es lo que está pasando con la delincuencia en nuestro país y qué políticas podrían ser las más efectivas en su reducción con expectativa de proyectarse en el tiempo…»

08-05-2019

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2018, que contiene una serie de datos relevantes para comprender lo que ocurre en materia de delincuencia en el país. La ENUSC se basa en una encuesta a hogares entre los meses de septiembre a diciembre de 2018 y pregunta sobre fenómenos ocurridos en los 12 meses anteriores a la misma. Con las limitaciones propias de cualquier encuesta de esta naturaleza, es por lejos el instrumento más completo que disponemos en el país en la materia. Además, se viene produciendo en forma anual desde el año 2005, con lo cual disponemos de una serie de tiempo relevante que permite tener una visión más global de la evolución de los fenómenos que mide.

Tal vez si el resultado más esperado y significativo es el de la tasa de victimización de hogares, es decir, el número de hogares que fue víctima de algún delito de connotación social en los 12 meses anteriores a la encuesta. Me focalizo en esta columna en este tema, aun cuando la ENUSC contiene otros elementos igualmente relevantes.

La noticia de este año fue buena. Se produjo una disminución estadísticamente significativa de la tasa de victimización de hogares de un 28%, en el 2017, a un 25,4%, el 2018; es decir, de un 2,6%. Lo más significativo es el quiebre de una tendencia al aumento de la victimización que se venía produciendo desde el año 2013. Esto es consistente también con otro indicador similar como lo es el índice de victimización personal, que bajó de un 10,4%, el 2017, a un 9,3%, el 2018.

Me parece que resulta relevante analizar los resultados de 2018 en contexto. Las tablas N° 1 y 2 entregan la información de cómo la cifra de victimización de hogares ha evolucionado desde la primera ENUSC, en 2003.

Como se puede apreciar, desde su primera medición la ENUSC mostró una disminución consistente en el índice de victimización llegando a su punto más bajo en 2013 con un 22,8%. Comparado con el año de inicio (2003), se trata de una disminución de la victimización impresionante, sobre 43%. Paradójicamente, el debate sobre seguridad ciudadana de esos años estuvo marcado por un discurso que presentaba a la delincuencia como un fenómeno en incremento, contrariando la evidencia disponible, lo que permitió realizar varias reformas legales de “endurecimiento” de nuestro sistema penal y procesal penal, como, por ejemplo, la llamada “Agenda corta 2008” (Ley N° 20.253, de 14 de marzo de 2018).

A partir de 2014 comienza a revertirse este fenómeno y poco a poco el índice comenzó a subir, llegando el 2017 (28%) a un porcentaje de victimización de hogares que nos volvía a una situación similar a la del año 2011 (28,8%). En el contexto descrito se puede notar la importancia del resultado de 2018. Con todo, me parece que no debemos apresurarnos a sacar conclusiones como las que se empiezan a observar en opiniones que distintas autoridades de diverso signo político han formulado estos días. Parece que para muchos la relevancia de los resultados es puramente política, es decir, con poca preocupación por entender realmente lo que ocurre en materia de delincuencia en el país. Así, para unos se ve como una oportunidad para apuntarse una victoria ante la opinión pública y, para otros, el espacio para poner en tela de juicio los alcances del resultado y, en general, las políticas de gobierno en la materia. No me parece la forma correcta de analizarlo.

Lo primero que debe aclararse es que los resultados no pueden ser atribuidos seriamente al actuar de algún gobierno en particular debido a que cubren un espacio temporal que en parte relevante corresponde a la administración anterior y otra parte, al menos equivalente, a la actual. Deben recordar que el estudio de campo se hace entre septiembre y diciembre de 2018 y que se pregunta por los fenómenos experimentados en los 12 meses anteriores. Es decir, la encuesta cubre hechos acaecidos entre septiembre de 2017 y diciembre de 2018. Tampoco creo que seriamente puedan atribuirse a alguna medida concreta que se haya implementado en el período, menos sin contar con evaluaciones con respaldo empírico de las mismas que nos entreguen información sólida sobre esto. Poner el foco en ganarse la “autoría” de los resultados o en correlacionarlos con alguna medida específica sin evidencia que lo demuestre simplifica el debate y no contribuye nada a que intentemos comprender qué es lo que está pasando con la delincuencia en nuestro país y qué políticas podrían ser las más efectivas en su reducción con expectativa de proyectarse en el tiempo. Quedarnos en este nivel podría ser una golondrina que no haga verano y que el próximo año lamentemos que este resultado no marcó una nueva tendencia, sino simplemente una cuestión de corte ocasional. 

Una segunda cuestión a considerar es que los resultados nos dejan en una situación peor que lo que como país logramos en 2012, 2013 y 2014. Es decir, a pesar del avance todavía estamos por sobre el índice de victimización de hogares que logramos durante tres años consecutivos. Por lo mismo, estando frente a una buena noticia, estamos lejos de recuperar nuestra tasa más baja en un período reciente (22,8% el año 2013).

Me parece que el foco de nuestro debate debiera estar orientado a investigar qué fenómenos han ocurrido en nuestro país que explican la evolución del índice de victimización de hogares en estos 15 años de los que tenemos datos. Lamentablemente tenemos pocas respuestas a interrogantes como: ¿qué es lo que explica la enorme baja entre 2003 y 2013? ¿Qué hicimos bien que pudimos reducir en más de un 43% la tasa de victimización? ¿Qué cambió que luego tuvimos un incremento importante entre 2014 y 2017? ¿Qué ocurrió el 2018 que explica la nueva baja? ¿Qué políticas públicas que hemos implementado han producido resultados positivos? ¿Cuáles no? También tenemos que avanzar en análisis mucho más focalizados por regiones y comunas (¿qué explica que algunas suban y otras bajen?) y por fenómenos delictuales más específicos (¿todos los delitos se comportan de igual manera?), entre otras cuestiones.

A pesar de la enorme importancia de tener respuestas claras sobre estas y otras preguntas tan básicas como las mencionadas, me parece que la tendencia que ha primado es la de apurarnos en sacar medidas legislativas y de otra naturaleza que no sabemos si contribuirán al objetivo de disminuir y prevenir los delitos.

Disponible en El Mercurio Legal