Espacio Público presenta propuesta para mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia ambiental

21-12-2017

El informe fue presentado en la Estación Mapocho y sus propuestas fueron analizadas por un panel de expertos.

La judicialización de grandes proyectos de inversión en Chile han marcado la pauta de varios medios de comunicación, argumentando que las comunidades logran paralizar estos proyectos mediante reclamaciones en Tribunales Ambientales. Sin embargo, un estudio elaborado por Espacio Público, el cual ha sistematizado los casos de reclamaciones ambientales en tribunales, muestra que esto solo ha sucedido en tres casos: Hidroeléctrica Achibueno, Piscicultura Calcurrape y Hotel Punta Piqueros.

El informe de Espacio Público derriba el mito de la judicialización de grandes proyectos y propone facilitar el acceso de la ciudadanía a la justicia ambiental. Para eso se analizó cómo se procesan las reclamaciones referentes al incumplimiento de leyes ambientales ante el SEA y la Superintendencia del Medioambiente.

El Informe de Políticas Públicas “Derribando mitos: propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile”, que contó con el apoyo de la Embajada Suiza y fue realizado por Luis Cordero, Valentina Durán, Camila Palacios, Violeta Rabi, Andrea Sanhueza y Anahí Urquiza, se presentó el miércoles 20 de diciembre en Estación Mapocho.

La presentación de los resultados estuvo a cargo de la socióloga Violeta Rabi y la abogada Camila Palacios, ambas investigadoras de Espacio Público, quienes fundamentaron su presentación en torno a la pregunta “¿Quiénes y bajo qué condiciones acceden a la justicia ambiental en Chile?

Respecto a lo anterior, Camila Palacios argumentó que “la sociedad civil no está ingresando reclamaciones ante Tribunales Ambientales, ya que existen muchas barreras de entrada, entre ellas el nivel técnico que exige abogados expertos”. Asimismo, indicó que “solo dos proyectos han sido paralizados por reclamaciones de la sociedad civil en Tribunales Ambientales”, desmitificando la idea que se ha instalado al respecto.

Por su parte, Violeta Rabi, expuso las propuestas que desde Espacio Público se plantean para mitigar el bajo rendimiento que hoy tienen las instituciones frente a más de 1.500 denuncias anuales; una de ellas consiste en “crear una plataforma digital para recepción y gestión de denuncias ciudadanas ante la Superintendencia del Medio Ambiente, dado que la Superintendencia no tiene la capacidad parar procesar todas las denuncias que están recibiendo”, señaló Rabi.

Luego de la presentación del documento, un panel de expertos, moderado por Luis Cordero, abogado de Espacio Público, y compuesto por Rafael Asenjo, Presidente del Tribunal Ambiental de Chile; Branislav Marelic, Director del Instituto  Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Marie Claude Plumer, Jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, discutió los resultados del informe en vista de un mejoramiento del actual sistema de justicia ambiental.

Rafael Asenjo celebró la iniciativa del informe de mejorar la gestión ambiental y añadió que “estamos en una etapa muy básica de desarrollo de nuestro marco jurídico en justicia ambiental y es necesario hacer una revisión a fondo no solo de las competencias, sino también de los procedimientos de la ley ambiental”.

Marie Claude Plumer, por su parte, planteó que “la sociedad civil tiene que fortalecerse e incidir responsablemente en las decisiones ambientales”.

Finalmente, Branislav Marelic, se refirió a los tecnicismos legales que impiden que la sociedad civil acceda fácilmente a la justicia ambiental, planteando la necesidad de “incorporar un lenguaje inclusivo en el Estado, ya que el lenguaje no puede ser una barrera ni un obstáculo para la participación de la ciudadanía”.

En el documento es posible encontrar una investigación que da cuenta del proceso sancionatorio y fiscalizador de la Superintendencia del Medioambiente y el rol que cumplen los Tribunales Ambientales, con especial énfasis al curso que siguen las demandas ciudadanas. Además, el estudio mide los tiempos en los que estas denuncias son procesadas y los resultados obtenidos producto de las fiscalizaciones a las empresas denunciadas.

Todo esto bajo la premisa de que la participación ciudadana en grandes proyectos de inversión es fundamental para un desarrollo sustentable