«Ideologías» judiciales

«Las decisiones de los jueces revelan con facilidad las fragilidades e incompetencias del sistema político para resolver problemas públicos»

10-08-2020

En febrero, el Presidente de Polonia, el ultraderechista Andrzej Duda, ratificó la ley aprobada por el Parlamento que busca sancionar a los jueces contrarios a las reformas del Gobierno. Esta ha sido conocida como ‘ley mordaza’, porque, como el propio Duda señaló, busca ‘disciplinar a los jueces’ y con eso acabar con el ‘club judicial postcomunista’.

Desde 2017 el gobierno polaco ha sido criticado por impulsar esta agenda, afectando las bases del sistema democrático. La Comisión Europea señaló que se trata de una ‘campaña de ataque contra los jueces’; Naciones Unidas advirtió que se pone en riesgo la independencia judicial y un grupo de la Asociación Europea de Jueces viajó a Varsovia en enero para protestar en sus calles, afirmando que esto pone fin a la separación de poderes. Lo que el gobierno ultraconservador polaco sostiene es que los jueces fallan en base a sus ‘ideologías’. Duda se ha caracterizado por calificar a todo aquello que no comparte como una ideología peligrosa que debe ser combatida. Hoy el asunto está en manos de la justicia europea.

Las declaraciones de este fin de semana de la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, recuerdan precisamente los fundamentos sobre los cuales descansa la ley de Duda. Para la subsecretaria, lo que sucede es que el sistema institucional debe tener reglas para sancionar ‘a un juez que, por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad’. Su intervención es consecuencia de lo sucedido en el caso Ámbar, al querer imputar a la ministra Silvana Donoso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la responsabilidad en la libertad condicional de Hugo Bustamante en 2016. Esa misma tesis es la que sustentan los diputados que pretenden acusar constitucionalmente a Donoso.

El problema de las declaraciones de la subsecretaria es que nuevamente revela el problema que tiene la política con la independencia judicial. Desde que la derecha volvió al poder en 2010, cada cierto tiempo sus autoridades, incluido el Presidente, han objetado las decisiones judiciales, calificándolas como sesgadas, especialmente cuando se refieren a temas de seguridad y orden público, y han utilizado la expresión ‘garantistas’ como una descalificación. Pero cuidado, que ese es un mal que no solo padece la derecha: en más de una oportunidad, autoridades y parlamentarios de centroizquierda han expuesto el mismo discurso contra los jueces.

La independencia judicial es incómoda para el poder, porque además de controlar su ejercicio, las decisiones de los jueces revelan con facilidad las fragilidades e incompetencias del sistema político para resolver problemas públicos. Por eso para los populistas, no hay nada mejor que leyes mordaza para acallar las ‘ideologías’ judiciales.

Publicada en La Segunda.