La misma piedra

«Las autoridades no pueden escudarse en un fin legítimo para actuar con impulsos desenfrenados, porque el Estado de Derecho se degrada irreversiblemente».

18-01-2021

Las versiones se contradicen. Mientras el fiscal regional de la Araucanía señaló que el allanamiento en Temucuicui, a la misma hora en que se conocía el veredicto por el homicidio de Camilo Catrillanca, había sido una ‘simple coincidencia’, un molesto director de la Policía de Investigaciones reconocía posteriormente que el operativo se ejecutó ese día porque esperaban encontrar menos resistencia.

Esa contradicción deja en evidencia la forma en que históricamente el Estado ha enfrentado el conflicto en esa zona. Entre falsedades, medias verdades, abusos y torpezas, la simple estrategia de persecución penal ha intensificado la radicalidad de un problema que sigue siendo político y mas que centenario, aunque ahora todo se quiera reducir a tráfico de marihuana.

Mientras esto sucedía, jueces chilenos sostenían que Camilo Catrillanca fue muerto por agentes del Estado, que para justificar su homicidio inventaron hechos y que esas mentiras fueron promovidas por otros funcionarios. Lamentablemente, una historia que ha sido contada más de una vez.

En el operativo fue muerto un policía que había sido trasladado al lugar pocas horas antes; pero, además, fue detenida la hija de Camilo Catrillanca, de tan sólo 7 años. Aunque la policía ha desmentido la ‘detención’, la actuación de las fuerzas policiales contra menores de edad en la Araucanía ha sido objetada en el pasado por abusiva. Ella, una niña mapuche, perdió a su padre a los 4 años en manos de agentes del Estado, y el mismo día que estos eran condenados, otros funcionarios violentaban sus derechos. La tragedia en una sola imagen.

Desde el retorno a la democracia, sucesivas administraciones han profundizado las caídas. Para ‘resolver’ el conflicto se han utilizado la Ley de Seguridad del Estado y la ley antiterrorista, Carabineros ha cometido delitos para generar pruebas falsas, la fiscalía ha incurrido en malas prácticas y en declaraciones desafortunadas, y quienes viven en la zona han decidido defenderse por sí mismos, escalando la violencia.

Entre tanto, Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los tribunales nacionales han reprochado al Estado el uso de la fuerza, especialmente contra menores de edad, y han otorgado indemnizaciones en el caso de policías muertos —por no haberles provisto de medios de seguridad suficiente— y por la interceptación ilegal de comunicaciones de abogados defensores.

Y ahora, como si el pasado no existiera, se cometen los mismos errores. Es cierto que no deben existir territorios exentos de la ley, pero esa razón no legitima cualquier procedimiento. Las autoridades no pueden escudarse en un fin legítimo para actuar con impulsos desenfrenados porque, como nos enseña el pasado, cuando eso sucede el Estado de Derecho se degrada irreversiblemente.

Publicada en La Segunda.