“La obsesión de Valente”

El principal desafío para los proyectos de inversión es establecer una gobernanza de largo plazo entre éstos y  las comunidades

28-05-2018

Se ha conocido la primera parte de la agenda pro inversión del Ministerio de Economía. Esta deja en evidencia lo que es una obsesión para el sector privado y el propio ministro Valente: reducir los plazos para obtener permisos para los grandes proyectos de inversión. Ninguna de las propuestas planteadas es novedosa, y varias de ellas se remontan a gobiernos anteriores, como los “facilitadores de proyectos” de la administración de Eduardo Frei; eliminar los “lomos de toro” (permisos y plazos) en el gobierno de Ricardo Lagos; o el listado de proyectos prioritarios o estratégicos, con “semáforo” de plazos incluidos, y la racionalización de permisos ambientales, bajo las dos administraciones de Michelle Bachelet y la primera de Sebastián Piñera. Lo paradójico es que ninguna de esas propuestas tuvo el éxito esperado.

Todas las administraciones las fueron adecuando sin mucha innovación y la última campaña presidencial tampoco demostró nuevas ideas para abordar el problema. En el mismo período, el sector privado ha sido un gran promotor de las mismas recetas, advirtiendo, además, la judicialización de la inversión como factor negativo. Así, entonces, es razonable esperar que la propuesta sectorial planteada por el ministro Valente generará la misma frustración, como consecuencia de expectativas difíciles de cumplir, en la medida en que la obcecación sea reducir los plazos de la evaluación ambiental.

Las razones por las cuales estas agendas sectoriales han fracasado se explican por dos motivos. Por un lado, porque seguimos pensando al Estado como una estructura de silos, en el que cada sector habla su lenguaje, propone sus soluciones y omite deliberadamente otros aspectos estratégicos de la discusión pública. La segunda es la persistencia de tratar de satisfacer dos objetivos que se hacen cada vez más difíciles de conciliar simultáneamente: por un lado la evaluación de impacto como satisfacción genuina de información para valorar las consecuencias ambientales y sociales de un proyecto de cara a las comunidades, y por el otro la obtención de permisos de operación rápidos y expeditos.

La agenda de Valente omite quizá el principal desafío para los proyectos de inversión: establecer un mecanismo para lograr una gobernanza de largo plazo entre éstos y las comunidades. La obsesión permisológica —una verdadera testarudez a estas alturas— elude ese factor y es en buena parte la razón que explica el fracaso de las iniciativas pasadas. Simplificar el Estado es bueno para todos, pero no suprime las complejidades asociadas a los proyectos.

Para abordar éstas no hemos sido capaces de proponer una solución sensata y será imposible avanzar en reformas pro inversión estructurales hacia el futuro si dicho plan no existe.

Disponible en La Segunda