La preocupante visión del general director Ricardo Yáñez sobre la reforma a Carabineros

«Es preocupante la escasa disposición que manifiesta para abordar un proceso profundo de revisión que pueda llevar a cambios significativos en la institución, precisamente en un momento en que pareciera existir bastante consenso técnico y político acerca de la necesidad de avanzar en cambios de este tipo»

19-04-2021

Uno de los primeros motivos de preocupación es la baja o nula autocrítica que se puede leer en la entrevista al general Yáñez, acerca del estado actual de la institución. Sus opiniones no asumen la enorme cantidad de cuestiones que han pasado estos últimos años y los problemas que ellas han develado. Pareciera que situaciones como la defraudación del año 2017, conocida como el «Pacogate», o casos como la «Operación Huracán» y «Catrillanca» o todo lo ocurrido a partir del estallido social, fueran hechos aislados en los que un pequeño grupo de personas intervino y cuya responsabilidad individual debe establecerse. Esto es simplemente no hacerse cargo de que todos estos eventos mencionados a modo ejemplar nos han permitido ver que, detrás de los casos específicos, existen algunos problemas de corte estructural en la institución que es necesario revisar.

En una extensa entrevista publicada el viernes pasado en La Segunda (16 de abril, páginas 26 y 27), el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, entrega opiniones en diversas materias que reflejan su visión sobre la situación que enfrenta la institución que dirige. Los contenidos abordados son en extremo importantes y vale la pena revisarla con cuidado, pero me temo que, por lo saturada que está la agenda noticiosa en estos días, se les dé a sus palabras mucha menos relevancia que la que debieran tener.

En mi opinión, la visión reflejada en la entrevista es, por decirlo de la forma más diplomática que creo posible, muy preocupante desde distintos puntos de vista. Uno que me parece central es en lo que respecta al proceso de reforma a Carabineros, punto en el que me detengo en esta columna. Así, en sus palabras manifiesta tener una participación activa en el proceso de modernización institucional que se debate en el Congreso, aun cuando a la vez expresa que se opone a cambios que signifiquen una restructuración profunda, por ejemplo, en materias como la desmilitarización de la institución o el rechazo a la unificación de los dos escalafones actuales. A su vez, transmite la idea que en buena medida la reforma ya ha sido realizada, por ejemplo, en materia de capacitación, al sostener que la malla educativa ya ha sido mejorada y que lo que falta todavía sería aumentar la remuneración de los profesores civiles que participan en su ejecución.

Mi primer motivo de preocupación es la baja o nula autocrítica que se puede leer en el texto acerca del estado actual de la institución. Sus opiniones no asumen la enorme cantidad de cuestiones que han pasado estos últimos años y los problemas que ellas han develado. Pareciera que situaciones como la defraudación del año 2017, conocida como el «Pacogate», o casos como la «Operación Huracán» y «Catrillanca» o todo lo ocurrido a partir del estallido social, fueran hechos aislados en los que un pequeño grupo de personas intervino y cuya responsabilidad individual debe establecerse. Esto es simplemente no hacerse cargo de que todos estos eventos mencionados a modo ejemplar nos han permitido ver que, detrás de los casos específicos, existen algunos problemas de corte estructural en la institución que es necesario revisar, por ejemplo, la debilidad de los sistemas de control interno a niveles financiero y operativo, problemas serios en la concepción que pareciera prevalecer en la institución acerca del rol que debe cumplir una policía en una sociedad democrática, deficiencias significativas en la formación y destrezas con que cuentan los funcionarios que deben intervenir en situaciones complejas, falta de transparencia y rendición de cuentas, entre muchos otros. Tratar entonces estos casos solo como problemas de personas específicas o hechos aislados, significa tener una escasa visión de lo que ocurre al interior de su propia institución, una ceguera inaceptable para quien cumple una función tan delicada.

En segundo lugar, es preocupante la escasa disposición que manifiesta para abordar un proceso profundo de revisión que pueda llevar a cambios significativos en la institución, precisamente en un momento en que pareciera existir bastante consenso técnico y político acerca de la necesidad de avanzar en cambios de este tipo. Este consenso se ha venido manifestando ya desde julio del año 2018, con las propuestas elaboradas en el marco de trabajo de un grupo transversal convocado por el Ejecutivo y conocido como el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Esto se ha reiterado y profundizado en informes posteriores, como, por ejemplo, el de marzo de 2020, elaborado por el Consejo Asesor de Reforma a Carabineros, convocado también por el Ejecutivo, y el de enero de 2020, desarrollado al alero de la Comisión de Seguridad del Senado, que formó la Comisión de Reformas a Carabineros, ambas con integración transversal de expertos y autoridades de distinto signo político. En todas estas instancias se ha concluido en la necesidad de avanzar en cambios profundos que son los que el general director pareciera no estar dispuesto a llevar adelante o siquiera a discutir.

La guinda de la torta pareciera ser la visión del general Yáñez en materia de sujeción de Carabineros a la autoridad civil, al señalar que el control civil ya existe, poniendo en duda la necesidad de abordar el tema, al sostener «para qué mucho más». Contrario a esto, la necesidad de avanzar en cambios significativos en esta materia es uno de los puntos que ha generado mayor consenso en todos los informes que he mencionado sobre la base de un diagnóstico compartido: producto de diversas reglas legales (y constitucionales), pero muy fuertemente a partir de prácticas institucionales asentadas en décadas, Carabineros cuenta en la actualidad con niveles de autonomía excesivos e inconvenientes para una sociedad democrática. De hecho, uno de los pocos proyectos de ley que han avanzado en su discusión legislativa en el Congreso, en materia de reforma a Carabineros, conocido como el proyecto de modernización (Boletín 12.250-25), precisamente intenta abordar –en mi opinión en forma parcial– el problema de la excesiva autonomía y la necesidad de aumentar la sujeción de la institución a la autoridad civil como uno de sus ejes.

En la misma dirección también el Ejecutivo ha anunciado en forma reciente la futura presentación de un proyecto de ley que crearía un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que tendría como una de sus funciones centrales el control de las policías frente a las carencias de la institucionalidad actual en tal función. La paradoja es que la autoridad que encabeza a la institución que debiera estar sujeta a este control manifiesta baja disposición al mismo, como si en una sociedad democrática esta materia dependiera de lo que las propias instituciones que deben ser objeto de escrutinio deseen. Como reza el dicho, eso sería equivalente a dejar el gato al cuidado de la carnicería.

La visión que refleja la entrevista me genera serias dudas acerca de la conveniencia de que una persona que tiene estas ideas sobre la reforma a Carabineros pueda ser la que encabece a la institución en los inicios de un proceso de transformación de la magnitud requerida. Comparto la idea respecto a que cambios de esta naturaleza en forma óptima debieran hacerse con la institución, pero en una sociedad democrática es inadmisible pensar que ellos deban ser realizados solo «con» y «por» la misma, como solía decir el anterior general director Rozas.

Publicado en El Mostrador.