“Laboratorios forenses independientes”

Las agencias a cargo del trabajo forense no debieran depender de las policías o de otras instituciones responsables de la persecución penal

01-03-2018

El caso conocido como “Operación Huracán” ha abierto un enorme debate durante el período estival acerca de nuestro sistema nacional de inteligencia, de la calidad y confiablidad del trabajo investigativo de Carabineros y de sus relaciones con el Ministerio Público. Una dimensión del caso que no ha generado una preocupación equivalente, en cambio, se refiere a los problemas que se evidencian del trabajo en el Laboratorio de Carabineros (Labocar) que realizó las pericias a los teléfonos celulares incautados.

Según se ha conocido en diversos medios de comunicación, los peritos del Labocar que analizaron dichos aparatos habrían presentado resultados preliminares de sus hallazgos a los superiores de su propia institución e incluso, eventualmente, a los propios fiscales antes de elaborar los informes finales. En estos se habrían hecho cargo de los comentarios y sugerencias recibidas en sus consultas. Se trata de una conducta en extremo grave ya que compromete la esencia de la función pericial en un sistema de justica. Un elemento básico que le confiere confiabilidad a la prueba pericial es que el aporte que hacen los peritos a un caso debe basarse en los resultados obtenidos gracias a la correcta aplicación de la ciencia, arte u oficio que profesan, sin considerar e incluso prescindir de los intereses particulares de la parte que lo solicite. Un peritaje confiable es aquel que surge como el resultado de la aplicación de la mejor ciencia o técnica disponible al caso concreto, que no oculta ni maquilla sus resultados, que presenta sus conclusiones de manera clara y completa, con independencia de cuánto ellas sean conveniente para quien lo solicitó. En cambio, lo que aparentemente habría ocurrido en el caso es que el interés del que requirió la pericia habría sido un elemento clave en la confección del informe de hallazgos o, en el peor de los casos, que ese pudo haber tenido alguna influencia en los mismos.

Más allá del comportamiento individual de quienes participaron en la pericia, las conductas que hemos conocido dan cuenta de un problema de corte más bien sistémico o de diseño institucional que es necesario revisar. Se trata de un tema que ha sido objeto de enorme preocupación en el ámbito comparado en la última década. Así, diversos estudios muestran que los analistas forenses pueden verse expuestos a influencias de parte de las estructuras institucionales de las que dependen, como habría ocurrido en este caso, especialmente en instituciones con una lógica jerárquica como Carabineros. Pero, además, la evidencia comparada muestra que los peritos podrían verse expuestos de manera inadvertida a sesgos importantes por su trabajo cuando este se asocia muy directamente a ser “empleados” de la institución requirente, como las policías o el Ministerio Público. Uno de ellos son los denominados “sesgos cognitivos”, producto de un conjunto de fenómenos psicológicos que tienen el impacto de hacer que nuestras creencias, deseos y esperanzas influyan en las cosas que percibimos, cómo razonamos y nos comportamos. Esto se traduciría, entre otras cosas, en identificar con fines nobles a nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando la policía cree que atrapa a un culpable está haciendo justicia más allá de la forma con que lo haya hecho. Por otra parte, la evidencia muestra que los sesgos de los expertos no solo se producen de manera consciente, sino que también en muchas ocasiones producto de exponerlos a información irrelevante o prejudicial que no es requerida para elaborar su opinión. Esto puede generar sesgos igualmente dañinos que los otros. Se podría sumar a este problema una cuestión adicional, propia del entorno de funcionamiento de los sistemas penales de corte más bien adversarial. Se trataría del rol cumplido por las propias partes, cuyos incentivos estarían en maximizar sus posibilidades en los procesos más que llegar a la verdad. Así, ello las llevaría a favorecer el uso de expertos más motivados por ser fieles a los intereses de quienes los contratan que a los de la ciencia, arte u oficio que profesan.

En definitiva, la evidencia comparada muestra que estamos frente a un problema grave que requiere ser abordado. La “Operación Huracán” mostraría que ese riesgo se da en Chile con particular intensidad tratándose del trabajo del Labocar.

¿Qué hacer frente a esto? A nivel comparado la principal propuesta que ha sido desarrollada en un marco ideal es que las agencias a cargo del trabajo forense no debieran depender de las policías o de otras instituciones responsables de la persecución penal. En cambio, se promueve que ellas sean ubicadas de manera independiente y con fuertes vínculos con las comunidades académicas y científicas respectivas, favoreciendo un diseño institucional que asegure que dichas instituciones sean sometidas a procesos periódicos de acreditación, control de pares y permanente actualización técnica y profesional. Como en muchos países, buena parte de los laboratorios forenses han surgido al alero de las policías y no ha sido tan fácil su cambio de ubicación institucional, lo que se promueve en esos casos es el diseño de mecanismos legales e institucionales que aseguren mayores niveles de autonomía al interior de la propia institución, evitando todo contacto posible de los responsables de la persecución de los casos con el trabajo cotidiano de los peritos. Por cierto, también se plantean exigencias de acreditación, control de pares y actualización.

Además de la situación que ha develado la “Operación Huracán”, hay otras razones que motivan con urgencia ponernos a pensar en un cambio profundo de nuestros laboratorios forenses. Por ejemplo, debiéramos preguntarnos si es una buena idea que existan laboratorios realizando peritajes similares repartidos en distintas instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal y el Instituto de Salud Pública, entre otros, con recursos y capacidades institucionales diversas. Tal vez valdría la pena pensar en la creación de un solo servicio nacional de laboratorios forenses (distribuidos regionalmente, por cierto) que concentrara dichos recursos y pudiera establecer un estándar equivalente para todos los peritajes que se le encarguen. Ciertamente, dicho sistema no tendría que depender de ningún cuerpo policial, sino —por ejemplo— del Ministerio de Justicia o de un potencial futuro Ministerio de la Ciencia y Tecnología. Esto también permitiría focalizar recursos y eventualmente dejar espacios para las mejoras de calidad que se requieren en el área frente a carencias importantes que hoy existen.

No pretendo en una columna breve como esta revisar exhaustivamente las posibilidades y detalles de un nuevo diseño institucional, sino más bien plantear el problema que tenemos en nuestro país y la necesidad de avanzar en una conversación sobre alternativas para superarlo. Lo que me parece claro es que las cosas no pueden seguir tal cual como hoy.

Disponible en El Mercurio Legal