«Los costos del “no diálogo”»

El proyecto de ley para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha propiciado una necesaria discusión en torno a la participación ciudadana temprana y su grado de incidencia durante la evaluación de proyectos de inversión.

26-08-2018

El proyecto de ley para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha propiciado una necesaria discusión en torno a la participación ciudadana temprana y su grado de incidencia durante la evaluación de proyectos de inversión.

Debate en el que algunos plantean que asegurar un espacio de diálogo durante las primeras etapas de un proyecto puede introducir o agravar las incertezas y demoras en el proceso, llegando a ser, incluso, políticamente inviable.

Sin embargo, a partir de la evidencia nacional e internacional, en Espacio Público hemos constatado que los costos de no dialogar son aún mayores.

Por un lado, el Atlas de la Justicia Ambiental sitúa a Chile entre los cinco países con más conflictos socioambientales per cápita. Mientras, un análisis de los datos entregados en el mapa de conflictos elaborado por el INDH muestra que el promedio de duración de los conflictos socioambientales es de 9,7 años.

Conflictos que no solo tienen costos para los privados, quienes ven aumentados los plazos y costos de sus proyectos, y mermada su reputación, sino que también para las comunidades, provocando fracturas de confianza al interior de ellas y hacia las instituciones.

Desde el año pasado en Espacio Público (en el marco del proyecto de Institucionalidad de Diálogo Territorial, con financiamiento de Corfo) hemos estado trabajando en una propuesta de política pública que organiza las relaciones entre comunidades, empresa y Estado, a través de la creación de un Sistema de Diálogo Territorial, donde el Estado no solo garantice que los diálogos sean tempranos, sino que también de calidad: simétricos, transparentes, incidentes, de buena fe y a largo plazo.

Su objetivo es que comunidades, sector privado, titulares del proyecto y servicios públicos puedan dialogar en mesas de trabajo en igualdad de condiciones, en miras a contribuir al desarrollo sustentable de un territorio y, de esta forma, no continuar con los altos costos que actualmente existen en materia socioambiental. Chile necesita poner en el centro un sistema de diálogo y participación ciudadana de calidad.

Disponible en El Mercurio