«¿Más o menos parlamentarios?»

«Si se quiere oxigenar más la política, el nuevo sistema electoral es más acorde con dicho objetivo y reducir el número de parlamentarios podría afectar esa proporcionalidad.»

12-06-2019

Una de las propuestas presidenciales que causó más movimiento en el mundo político fue la de reducir el número de parlamentarios, con parlamentarios aplaudiendo de pie y otros junto con expertos- manifestando su preocupación e incluso tildándola de populista. El argumento para esta reforma es oxigenar la política y dar más oportunidades a la participación ciudadana -también a través del límite a la reelección en el mismo territorio-, modernizar el Congreso, agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación.

Hagamos un poco de historia. Desde el retomo a la democracia, nuestro Congreso estaba compuesto por 120 diputados y 38 senadores que se elegían a través de un sistema binominal que tendía a representar a las dos alianzas o pactos mayoritarios. Se criticó mucho por sobrerrepresentar a algunos partidos y dejar fuera partidos o movimientos más pequeños, a pesar de que podían haber sacado más votos que parlamentarios finalmente electos. En enero de 2015 se aprobó la propuesta de la Presidenta Bachelet para reemplazar dicho sistema por uno que fuera más proporcional y elegir más representantes por territorio (en razón de su población), permitiendo a fuerzas más pequeñas, tradicionalmente excluidas, ingresar al Congreso. De este modo, se señalaba, las distintas visiones de la sociedad se verían mejor representadas y, por tanto, las leyes también. Si bien compartimos con el Presidente los objetivos antes señalados, no creemos que solo disminuir el número de parlamentarios cumplirá con estos. Si se quiere oxigenar más la política, el nuevo sistema electoral es más acorde con dicho objetivo y reducir el número de parlamentarios podría afectar esa proporcionalidad. Para mejorar la calidad de la legislación, en cambio, hay una serie de medidas que deben adoptarse y que no han sido mencionadas, como una mejor regulación de las asesorías legislativas —para evitar el malgasto de recursos y mejorar la calidad legislativa- o establecer un ente de fiscalización externa. Ahí es donde realmente se deben poner los esfuerzos.

Disponible en La Hora