«Más que pasajes aéreos»

“Los asesores del Presidente lo informaron mal al señalar que sus hijos podían asistir a reuniones de negocios en el contexto de una visita oficial”.

29-04-2019

La visita del Presidente a China abrió un nuevo debate sobre los límites que éste tiene en el ejercicio de sus atribuciones. La Constitución le entrega facultades privativas para conducir las relaciones internacionales, pero no lo exime de cumplir con las obligaciones de todo funcionario público en la gestión de los bienes del Estado. Así por lo demás lo recordó la Contraloría cuando se denunció a la ex Presidenta Bachelet por su viaje al partido entre Chile y Brasil en 2017, generando una discusión sobre el financiamiento de las giras presidenciales.

El punto no es trivial. Cuando se trata de la autoridad presidencial, la pregunta de hasta dónde es lícito utilizar los bienes públicos en beneficio de su entorno directo es una discusión recurrente en distintas legislaciones. Es evidente que los bienes que el Estado pone a su disposición, por una cuestión de eficacia y seguridad, pueden ser utilizados por la familia presidencial. Es lo que sucede con el uso de inmuebles o, eventualmente, con el transporte. Esto, que para cualquier otro funcionario del Estado es manifiestamente ilegal, en el caso del Presidente de la República es posible entenderlo como una excepción legítima por la naturaleza del cargo que inviste.

Pero otra cosa distinta es utilizar dichos bienes y actividades para beneficio exclusivamente personal. En general, la legislación chilena, al igual como ocurre en buena cantidad de los países del mundo, señala que el uso de la función pública para la obtención de un beneficio personal, o de la familia directa, contraviene la probidad o la ética pública.

Por la naturaleza de su investidura parece plausible sostener que el Presidente, en un viaje extenso, pueda llevar a su familia para compartir con ellos. Mal que mal, su función corresponde a un cargo público de desempeño permanente. Sin embargo, es improcedente e incluso ilícito cubrir con dicha excepción las actividades privadas de directo beneficio económico para los miembros de su familia.

Los asesores del Presidente lo informaron mal al señalar que sus hijos podían asistir en una gira presidencial y beneficiarse directamente de las reuniones de negocios gestionadas en el contexto de una visita oficial de Estado. El problema no es el financiamiento del costo de los pasajes —el que por cierto, y de acuerdo con la Contraloría, es improcedente cuando lo dispone la Presidencia—, sino la posición de beneficio personal y directo en la que se encuentran los hijos del Presidente en dicha gira para sus iniciativas empresariales. Una sutileza, dirá alguien. Pero es la distinción entre lo lícito e ilícito, entre el abuso y el exceso, porque, como señaló Hannah Arendt, el mundo de la política en nada se asemeja a los parvularios.

Disponible en La Segunda