“Más que una reforma burocrática”

Así se entiende que el litigio ambiental quede reducido, en la mayoría de las ocasiones, a objeciones procedimentales

11-06-2018

El Gobierno anunció modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Éstas apuntan a mejorar los tiempos de decisión y limitar la discrecionalidad, agenda complementaria con la de proinversión que busca reducir la permisología. Esos énfasis, en mi opinión, son parciales. Desde hace más de dos décadas, éste ha sido el lugar donde hemos discutido asuntos que van más allá de los ambientales. Cada conflicto importante ha revelado problemas políticos y distributivos que la iniciativa actual elude enfrentar.

Resulta conveniente recordar que la “evaluación de impacto” es un instrumento de política pública cuyo objetivo es proveer de información y análisis para mejorar las resoluciones que se deben adoptar prospectivamente, de modo que ayude a anticipar los impactos futuros de las decisiones presentes y así mejorarlas, permitiendo, además, una adecuada rendición de cuentas posterior. Uno de los ejemplos clásicos de esto es el SEIA, pero esta evaluación se aplica hoy también a una amplia gama de alternativas para estimar resultados de medidas en temas como impacto regulatorio, derechos humanos, género, productividad, energía, comercio, comunidades indígenas, etc. En la actualidad, en distintas partes del mundo, existe el desafío de encontrar herramientas que permitan integrar sistemas fragmentados que evalúan impactos de políticas o decisiones públicas, con distintos objetivos y metodologías.

Por tal motivo, el SEIA chileno es de alta complejidad. Además de evaluar los impactos ambientales, está obligado a considerar los efectos sociales vinculados a la ejecución de los proyectos. Con limitadas o nulas posibilidades de participación ciudadana efectiva, pretende a su vez que se otorgue un permiso de funcionamiento mediante una ventanilla única. Así se entiende que el litigio ambiental quede reducido, en la mayoría de las ocasiones, a objeciones procedimentales, porque su finalidad estratégica es resolver la legitimidad de la autorización final.

Mientras mantengamos la superposición del procedimiento de evaluación ambiental con la permisología sectorial seguiremos generando incentivos para preocuparnos exclusivamente de la burocratización del SEIA y su potencial judicialización como procedimiento administrativo, olvidándonos de la calidad de la evaluación e información ambiental. Salir de esa trampa es el gran desafío para todos quienes participen de este debate. Hasta ahora la propuesta del Gobierno sigue cometiendo el mismo error: pensar la evaluación ambiental como ajuste a un procedimiento burocrático, reduciendo plazos e ingenuamente aspirando a que por esa vía se pueda disminuir la judicialización de grandes proyectos de inversión.

Disponible en La Segunda