“Mineras y Municipios: ¿en qué condiciones los aportes privados pueden ser admisibles?”

Se observan gastos cuyo impacto es prácticamente nulo, salvo desde una lógica electoral o comunicacional.

10-10-2017

El pasado miércoles 20 de septiembre, CIPER Chile publicó un reportaje analizando las millonarias donaciones que empresas mineras realizan a los municipios donde se emplazan sus faenas. Lo anterior contradice el dictamen de la Contraloría General de la República del año 2010, el cual establece que los municipios deben abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias”.

La investigación realizada por CIPER da cuenta de tres elementos importantes de analizar en relación con este tipo de donaciones.

En primer lugar, es preocupante la evidencia del incumplimiento del dictamen de la Contraloría por parte de los gobiernos locales, toda vez que éstos ejercen un rol relevante en el desarrollo de proyectos de inversión. Así, el aporte monetario de las empresas puede influir sobre el pronunciamiento que los municipios realicen sobre, por ejemplo, estudios y declaraciones de impacto ambiental o permisos ambientales sectoriales. El cruce de información del reportaje de CIPER hace un esfuerzo por demostrar la relación entre aportes monetarios y el pronunciamiento de municipios para el Servicio de Evaluación Ambiental, mostrando en algunos casos cierta regularidad entre aprobaciones y recepción de aportes. Así, en el contexto actual, cabe preguntarse por el sentido mismo de la recepción de los fondos por parte de los municipios: ¿qué es lo que los justificaría?

Para responder a lo anterior, un segundo elemento de análisis tiene que ver con la forma en que se establecen estos acuerdos de colaboración y el destino que se les da a los recursos. Muchos de los recursos son donados como “fondos de libre disposición”, sin que exista transparencia acerca del objetivo del aporte ni de su utilización. Los resultados muestran que un porcentaje relevante de los recursos entregados por las empresas mineras se destina a gastos municipales ordinarios – tales como pago de sueldos o gestión de salud y educación, entre otros – lo cual revela, por un lado, el constante déficit de presupuesto que muchos municipios mantienen para hacer frente a las necesidades de su población y, por otro, abre la posibilidad de cuestionarse a dónde fueron a parar los recursos del presupuesto municipal destinados a dichos ítems.

Los dos elementos recién reseñados configuran un escenario complejo, pues, en un contexto en donde la fiscalización del gasto municipal es escasa, la falta de trazabilidad o accountability sobre el mismo se presta para generar vacíos de información y vicios de funcionamiento.

Finalmente, cabe destacar la inadecuación del gasto. La mayoría de las iniciativas desarrolladas para organizar los recursos donados, no contribuyen de forma efectiva a un desarrollo de largo plazo y sustentable de estas comunas. Así, se observan gastos cuyo impacto es prácticamente nulo, salvo desde una lógica electoral o comunicacional, comoson actividades recreativas, fiestas, regalos, comidas, espectáculos pirotécnicos, entre otros. Aunque dentro de las iniciativas financiadas existan proyectos de mayor alcance e impacto, tales como infraestructura urbana y comunitaria o programas de fomento productivo, estas obras o programas no necesariamente responden a un proceso de planificación riguroso, articulado y coherente con otras políticas públicas.

El espíritu del dictamen de la Contraloría fue proteger la probidad y la independencia de los gobiernos locales, evitando el conflicto de interés que las donaciones y aportes entregados por las empresas pueden generar. A partir de los datos provistos por el reportaje de CIPER, se puede concluir que la forma en que actualmente se realizan los aportes de privados a los municipios es inadecuada para generar un relacionamiento comunitario transparente, participativo, orientado a metas y a largo plazo. Por tanto, de mantenerse esta tendencia esos aportes son cuestionables y en última instancia inadmisibles. Sin embargo, la capacidad de reforzar la prohibición de recibir aportes privados no ha tenido el refuerzo necesario para erradicar dicha práctica. Otra opción, sería reflexionar en torno a en qué condiciones el aporte de privados para el desarrollo local de los territorios en que se emplaza es admisible y legítimo.

Desde Espacio Público, en conjunto con Rubik Sustentabilidad, estamos trabajando en el diseño de un Sistema de Diálogo Territorial que promueva la generación de acuerdos entre comunidades, empresas y Estado en el contexto de proyectos de inversión. Entre otros elementos, el sistema a proponer pretende regular los aportes privados al desarrollo local. Para ello, al menos dos supuestos deberían ser garantizados: 1. Separar a nivel teórico y práctico la identificación y gestión de los impactos ambientales y sociales de lo que son aportes para el territorio y; 2. Asegurar que dichos aportes se destinen a iniciativas definidas participativamente con las comunidades locales y asegurando su articulación con las políticas públicas de la comuna y región.

Respecto a lo primero, en un contexto de desconfianza y conflictividad socioambiental en torno a proyectos de inversión, la separación entre gestión de impactos y aportes voluntarios asegura que la inversión que haga la empresa en el territorio no sea ni utilizada ni interpretada como una “compra de las autoridades” por los impactos negativos que ésta provoca en el territorio. Entendemos que el aporte al desarrollo territorial que haga una empresa es una conversación posterior a la conversación en torno a los modos es que ésta deberá prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos del proyecto, avanzando hacia – el esquivo concepto de – la buena fe y debida diligencia en la relación entre comunidades y empresas en el marco del enfoque de derechos humanos.

Respecto a lo segundo, entendemos que hoy por hoy, y luego de décadas de un relacionamiento comunitario desregulado, muchas veces utilizado para cooptar a las comunidades en el contexto del proceso de evaluación ambiental, existe una demanda de redistribución de la riqueza que generan estos proyectos a partir de la explotación de los recursos naturales de los territorios locales. Incluso si es que los impactos negativos fuesen correctamente gestionados, es necesario generar un acuerdo en donde el territorio se beneficie del hecho de que la empresa se encuentre ahí operando.

En función de lo anterior, consideramos que es legítimo que las empresas aporten al desarrollo de los territorios en donde se emplazan. Sin embargo, dicho aporte debe ser entendido como un compromiso con el territorio para los objetivos que éste mismo se ha trazado. De ahí que la participación de la comunidad en la definición, priorización y evaluación de la inversión comunitaria, debe ser considerada como una piedra angular del proceso. Asimismo, la coherencia con las políticas públicas que se están implementando en el territorio, de manera de complementar o suplementar la inversión pública, debe ser clave en la estructura del gasto. Esto supone una mirada estratégica de la inversión y asegura que ésta tenga un sentido, tanto para la empresa – haciendo efectivo su gasto –, como para la comunidad, de modo que efectivamente eleve su calidad de vida.

Disponible en CIPER.