“¿Modernizar o reformar a Carabineros?”

“…Llegó el momento de dejar de lado los eufemismos que hemos utilizado para evadir los cambios que realmente necesita nuestra institucionalidad policial. Esperemos que en el Congreso se produzca un espacio de debate en que podamos tener una reflexión profunda…”.

11-12-2018

En las últimas semanas se ha dado lugar a un intenso debate público acerca del estado de Carabineros de Chile como consecuencia de su actuación en un operativo que concluyó con la muerte el joven comunero Camilo Catrillanca en la región de La Araucanía. Lo cierto es que desde el 2017, cuando se destapó el caso de defraudación de fondos públicos conocido como “Pacogate”, el tema ha estado sobre la mesa. Dicho debate fue luego reforzado cuando se conocieron los gravísimos hechos en la conocida como “Operación Huracán” que mostraron serias falencias en los procedimientos policiales.

Todos estos escándalos han dado cuenta que los problemas que enfrenta la institución son profundos y exceden a las materias de control presupuestario y de excesiva autonomía frente a la autoridad civil como en un principio pareció estar focalizado el debate. Por lo mismo, un aspecto positivo de la actual crisis ha sido generar un cierto consenso en distintos actores acerca de la necesidad de avanzar en cambios importantes en nuestra institucionalidad policial que aborden distintas dimensiones del problema.

El gobierno actual incluyó esta materia en una de las cinco mesas transversales que instaló al inicio de su mandato destinada a elaborar propuestas de cambio. De esta forma, la mesa denominada Acuerdo Nacional Por la Seguridad Pública (en adelante el acuerdo) entregó en julio pasado al Presidente de la República un paquete de 150 propuestas en materia de seguridad, 71 de las cuales se focalizaron en el ámbito policial, tema que representó por lejos la principal preocupación en el trabajo de la mesa. Si bien el acuerdo no se hizo cargo de varios temas estructurales de la actual organización de Carabineros (por ejemplo la existencia de escalafones diferenciados, el carácter militarizado de su organización, por mencionar solo algunos), ni tampoco incluyó una visión general de cómo se pretende sean las organizaciones policiales el futuro, sí incluyó propuestas importantes en materias esenciales para producir mejoras significativas, por ejemplo, en medidas destinadas a incrementar el nivel de profesionalización de sus integrantes a través de mejoras en los procesos de ingreso y formación, entre otras.

El gobierno ha enviado al parlamento en noviembre pasado un primer proyecto de ley para concretar algunas de las medidas propuestas en el acuerdo (Mensaje 190-366, Boletín 12.250-25) y hace pocos días ha anunciado un paquete de transformaciones administrativas orientadas a reforzar dichos cambios. El foco de estas propuestas ha estado precisamente en los temas de control financiero y de la autoridad civil en la gestión institucional. Se inicia así un proceso de cambio con propuestas que —en mi opinión— constituye solo los primeros pasos en un tema que nos debiera preocupar por un tiempo largo. La profundidad de la crisis institucional requiere que como país tengamos un debate que nos permita hacer cambios más complejos y no solo parciales. Pero más allá de los cambios específicos, la crisis representa una oportunidad real para pensar la policía que queremos como país a futuro.

Mi experiencia trabajando y observando reformas institucionales similares a esta, es que las crisis como las que hemos vivido estos dos años abren ventanas de oportunidad para hacer esta reflexión y luego acompañarla de transformaciones reales en nuestra institucionalidad. Con todo, cuando ellas pasan se abre el enorme riesgo que los impulsos de reforma amainen y las cosas vuelvan a su curso normal sin que hayamos avanzado todos los cambios que eran necesarios. Por lo mismo, una preocupación que tengo es el lenguaje que la autoridad ha estado utilizado en todo este período para aludir a la necesidad de cambios denota una visión limitada de la tarea. Como todos sabemos, el lenguaje transmite señales de lo que se pretende hacer y de su profundidad. La idea instalada por el gobierno es que las propuestas están destinadas a “modernizar” a Carabineros (por ejemplo el proyecto de ley se identifica en su título con “moderniza la gestión institucional”). A mí me parece que estamos en tiempo de comprometernos con una noción más profunda de cambio como lo es derechamente “reformar” a la institución. La idea de modernización suele ser ocupada en nuestro país en estas materias para avanzar procesos de cambio tenues, que no generen inquietud institucional y en contextos donde no existía un consenso tan grande acerca de la necesidad de transformación ni menos un sentido de urgencia sobre la misma. Modernizar aparecía entonces como un objetivo técnico, neutro y casi sin carga negativa para la institución, que no movía mucho las aguas, por lo que se presentaba como un objetivo no problemático. Lamentablemente, dicho objetivo se puede lograr con cambios menores, como por ejemplo, dotando de nueva tecnología, haciendo algunas adecuaciones organizacionales menores, etc. De hecho si tomamos el significado que le entrega la Real Academia a la palabra “modernizar” en su primera acepción se podrá observar como esta se refiere simplemente a la idea de “hacer que alguien o algo pase a ser moderno”. Muy poco para lo que necesitamos.

El estado actual de la situación obliga a que cambiemos este lenguaje y de una vez encaremos y nos comprometamos con que el objetivo del cambio sea derechamente el de “reformar” a la institución. Como decía, el lenguaje instala realidad y lo que necesitamos es un compromiso para hacer cambios significativos frente a carencias y problemas muy relevantes que se enfrentan. Menos que eso, arriesga que una vez que pase la crisis no hayamos aprovechado la oportunidad de dar un salto cualitativo en esta materia. Tomando a la misma Real Academia, la idea de reformar significa en su primera acepción “volver a formar, rehacer”, es decir, un cambio mucho más profundo que simplemente el de modernizar. En su segunda acepción la Real Academia señala que reformar es “modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo.” Me parece que en esta dirección tenemos que avanzar.

Llegó el momento de dejar de lado los eufemismos que hemos utilizado para evadir los cambios que realmente necesita nuestra institucionalidad policial. Esperemos que en el Congreso se produzca un espacio de debate en que podamos tener una reflexión profunda sobre el futuro de nuestras organizaciones policiales y se aborden los cambios que se requieren con una perspectiva de reforma.

Disponible el El Mercurio Legal