“Nuestro Estado, tu negocio”

“Lo que olvida la presidenta de la UDI, y muchos que en privado comparten su opinión, es que el gobierno no es un ‘negocio’”.

16-04-2018

La presidenta de la UDI ha sido brutalmente honesta para referirse a la manera en que entiende el Estado: un botín que debe recompensar con cargos a los triunfadores de la elección. Señaló, en una actividad con dirigentes de su partido, que sin importar los costos económicos —a pesar de las sentencias de la Corte Suprema que han condenado al Estado por despidos injustificados—, se debía desvincular a todos los funcionarios que no compartieran los lineamientos políticos del actual gobierno. Utilizó una metáfora para el recuerdo: “No puedes dejar en tu negocio al que tenía la competencia”.

Las palabras de la senadora expresan una total incomprensión de la función pública, dejando en evidencia, de algún modo, la idea de que los cargos en el Estado son una especie de “propiedad” del gobierno de turno, que los puede asignar según lealtades. Esa manera de entender las cosas es feudal, porque hace depender el funcionamiento de instituciones esenciales de una sociedad en la simple voluntad de un “dueño” y su “nobleza”. Esta opinión no sólo ha sido expresada por la senadora Van Rysselberghe. Algo similar señalaron en el pasado la ex ministra y actual senadora Ximena Rincón, al inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y el senador Jaime Quintana, para explicar las desvinculaciones de funcionarios públicos al comienzo de esa administración.

En pocos años, y a consecuencia de los cambios de coalición, ha ido quedando relativamente claro que —más allá de lo que señalen los programas de gobierno sobre la necesidad de profesionalizar la función pública—, la clase política en general sospecha de las burocracias profesionales, incluida la Alta Dirección Pública. Ello, a pesar de que son éstas las que, teóricamente, permitirían dar continuidad y consistencia a las políticas públicas aprobadas por el Congreso, acotando además el clientelismo que facilita el tráfico de influencias y la corrupción.

Lo que olvida la presidenta de la UDI, y muchos que en privado comparten su opinión en distintos sectores políticos, es que el gobierno no es un “negocio” del cual se pueda disponer libremente, porque este tiene una función constitucional clara: dirigir la administración pública en un marco institucional que garantice la operación continua del aparato estatal.

Como lo advirtiera Pierre Bourdieu, la construcción de lo público se ha acompañado de un modo casi inevitable de una tendencia a su apropiación privada. Por eso es que resulta tan necesario separar la zona simbólica de la política de la zona técnica de la burocracia. Para la sanidad de la República, resulta conveniente que ambas operen como antagonistas complementarios.

Disponible en La Segunda