«¿Por quién doblan las campanas?»

‘Parte del largo tiempo que han tomado estas causas judiciales responde a la limitada o nula colaboración de las instituciones armadas’.

18-02-2019

Días atrás cuatro ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Oscar Izurieta (Ejército), Miguel Vergara (Armada), Ricardo Ortega (FACh) y Fernando Cordero (Carabineros), manifestaron su indignación por lo que consideran una campaña para ‘amplificar y endurecer las causas de derechos humanos’. Defendieron lo que ha su juicio fue el aporte de sus instituciones para ‘sanar las heridas del pasado’ durante la transición, y cuestionaron al Poder Judicial por las investigaciones y condenas que han llevado adelante en los últimos años, aprovechando esta vez la sentencia del caso Frei y el reciente procesamiento de un ex jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.

En septiembre de 2018, en otra carta firmada por dieciséis ex comandantes en jefe —incluyendo a los mismos cuatro de esta vez—, algunos de ellos comprometidos en investigaciones de corrupción, manifestaron su preocupación por el actuar de la justicia. Acusaron que estaba realizando investigaciones por hechos que son ‘difíciles de probar’, comprometiendo de ese modo el debido proceso de los militares en retiro. Éstos, añadieron, estaban siendo ‘discriminados’ frente a otros que ‘optaron por la vía armada y que ganaron la impunidad’, a diferencia de ellos que, desde el retorno a la democracia, habían contribuido, en su insistente opinión, a la reconciliación del país.

El argumento político sobre el cual sostienen su posición los ex comandantes en jefe resulta al menos discutible. No es cierto que las Fuerzas Armadas hubiesen realizado todas las acciones destinadas a la reconciliación. Desde el retorno a la democracia se han negado sistemáticamente, como si fuera parte de una política institucional deliberada, a entregar los antecedentes sobre la operación de sus organismos de seguridad. La tesis común en todos los casos —basta leer la sentencia del juez Madrid y otras emblemáticas en estos asuntos, así como lo sostenido en las comisiones Rettig, Valech y la Mesa de Diálogo— es que esa información no existe en los registros de las instituciones o bien que fue destruida, sin que exista constancia de esa destrucción. Parte del largo tiempo que han tomado estas causas judiciales responde a la limitada o nula colaboración de las instituciones armadas con esas investigaciones.

Los ex comandantes en jefe olvidan que lo ocurrido en Chile entre septiembre de 1973 a marzo de 1990 fue una tragedia colectiva en la cual funcionarios del Estado, amparados por la impunidad que les permitían los fondos públicos, cometieron crímenes contra la humanidad. Por eso, como si fuera el libro de Hemingway, deberían recordar las palabras de John Donne: ‘La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy implicado en la humanidad, por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti’.

Disponible en La Segunda