«Reforma a Ley Antidiscriminación»

Planteamos la necesidad de que exista un área antidiscriminación al interior del Ejecutivo, que tenga a cargo una serie de funciones

03-02-2019

A siete años de su entrada en vigencia, el gobierno anunció una reforma a la Ley Antidiscriminación. Desde Espacio Público nos alegramos de que se dé este paso y creemos que el principal desafío es configurar una institucionalidad que trabaje para la igualdad sustantiva de los habitantes de nuestro país. Hasta ahora, esta responsabilidad, que quedó enunciada en el artículo 1º de la ley actual, no tiene ni diseño de funciones ni presupuesto. Es decir, no tiene una institucionalidad que la sustente.

En un estudio realizado por Espacio Público en 2016, que tomó en cuenta las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, el estado de las políticas antidiscriminatorias en el Ejecutivo y lo que se ha hecho en otros países al respecto, planteamos la necesidad de que exista un área antidiscriminación al interior del Ejecutivo, que tenga a cargo una serie de funciones: definir la estrategia para avanzar en la promoción y la garantía del principio de igualdad; diseñar políticas públicas transversales, que avancen este principio a lo largo del país y a lo ancho del Estado; asesorar a las distintas áreas del Estado en el diseño e implementación de políticas y medidas antidiscriminatorias; educar y capacitar a funcionarios públicos y a la sociedad en general, con énfasis en la educación escolar, para crear una cultura de respeto e inclusión; analizar y manejar estadísticas sobre la situación de Chile; revisar la normativa existente con sesgos discriminatorios y hacer control previo de nuevas normativas; y ofrecer incentivos dentro y fuera del Estado, para afianzar esta cultura en el territorio, por ejemplo, con fondos concursables para proyectos de instituciones públicas o privadas.

Un último punto, a modo de necesario contrapeso, sería otorgar capacidad de denuncia e investigación al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que pueda fiscalizar la acción del Ejecutivo y ejercer una función contralora. No nos cabe duda que la nueva institucionalidad implicará un avance hacia un país en que el Estado finalmente nos considere a todos sustantivamente iguales en dignidad y derechos.

Disponible en La Tercera