“Reforma policial y el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública”

…El principal mérito del trabajo realizado ha sido quebrar la inercia o cambiar el paradigma desde donde se había estado pensando la política policial en nuestro país en los últimos años. En efecto, en al menos las tres o cuatro últimas campañas presidenciales (anteriores a 2017), la gran ‘oferta’ (…) había estado en el aumento de cantidad de funcionarios, de recursos económicos (presupuesto) y de facultades legales de actuación…

24-07-2018

El pasado jueves 17 de julio fue entregado al Presidente de la República el conjunto de propuestas (150) elaboradas por la Mesa de Trabajo que funcionó en el marco del denominado “Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública”. La mesa fue constituida el 6 de abril de este año y contó con un plazo de 90 días para producir un informe con sus propuestas en las áreas específicas de trabajo que solicitó el mandatario. Estas se organizaron en cinco ejes temáticos (modernización y fortalecimiento de las policías; fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado; fiscalización y control de armas de fuego; rol de los municipios en la seguridad pública y coordinación entre los actores del sistema de persecución penal). En lo que sigue, quiero expresar algunas opiniones acerca de los avances y cuestiones que quedaron pendientes en el primero de estos ejes: modernización y fortalecimiento de las policías.

Parto por explicar que se trata del eje que contiene mayor cantidad de propuestas (71 de las 150) y al que la mesa le dedicó mayor tiempo de análisis y discusión (fácilmente un 75% de este estuvo destinado a dicha materia). Recordemos, como elemento de contexto, el enorme debate público que se ha generado en el país sobre la configuración y roles de policías, especialmente Carabineros, a partir del año 2017, en que se dio a conocer el caso denominado “Pacogate” y luego la “Operación huracán”. No era de extrañarse en dicho escenario que la reforma policial ocupara un espacio importante de este trabajo.

El documento organiza las 71 propuestas de reforma en materia policial en cuatro aspectos principales: especialización de las funciones policiales; relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía; incrementar niveles de profesionalización policial y profesionalización de la organización policial. Es imposible en una columna de este tipo resumir los contenidos de las principales propuestas en estos cuatro ámbitos, por lo que me detengo en un análisis de corte más global de las mismas. Invito a los lectores a revisar sus contenidos más específicos aquí.

En este contexto, me parece que el principal mérito del trabajo realizado ha sido quebrar la inercia o cambiar el paradigma desde donde se había estado pensando la política policial en nuestro país en los últimos años. En efecto, en al menos las tres o cuatro últimas campañas presidenciales (anteriores a la de 2017), la gran “oferta” en materia de política policial de los distintos candidatos había estado en el aumento de cantidad de funcionarios, de recursos económicos (presupuesto) y de facultades legales de actuación. Esta forma de aproximarse explica, en mi opinión, parte de los problemas que públicamente se han conocido del trabajo policial en el último tiempo. Por ejemplo, por esta vía se reforzó la autonomía fáctica en el trabajo de Carabineros y se instaló que las dificultades, cuando no derechamente el mal trabajo, podían ser subsidiados con más recursos o facultades legales y no, en cambio, ser objeto de análisis crítico y transformación institucional.

Las propuestas, en cambio, miran al trabajo y la institucionalidad policial desde un punto de vista más complejo. Lo primero que se destaca es comprender que las fuerzas policiales en una sociedad democrática responden y se deben a la autoridad civil y a la ciudadanía. Ello importa deberes fuertes de rendición de cuentas y transparencia desde las policías a la autoridad y la comunidad, como también, en su contracara, el entregar poderes importantes de fiscalización de ella y de intervención de la comunidad en diversas aspectos de su gestión. De la mano de lo anterior, un buen trabajo policial está asociado a mejorar las capacidades de planificación estratégica de las organizaciones policiales, pero estableciendo, a la vez, fórmulas para que ella sea consistente y coherente con las prioridades de la sociedad. Finalmente, se pone acento en la idea que policías de mejor calidad se construyen desde sus procesos de ingreso, formación y desarrollo de su carrera y también desde una estructura orgánica que promueva e incentive el trabajo policial de calidad. Todo esto apunta, entonces, a salir del discurso simplista que se había instalado de que las cosas se arreglan simplemente entregando más recursos. Obviamente, esto no impide discutir la bondad o suficiencia de las propuestas específicas para lograrlo.

A pesar de este enorme avance, me parece que quedó pendiente una reflexión un poco más estructural acerca de la policía que queremos a futuro. Las propuestas todavía operan en una cierta lógica reactiva, es decir, en miras de hacerse cargo de problemas importantes y urgentes que existen en la actualidad, pero sin poner tanta atención en un norte de más aliento o, lo que llamaría, una visión prospectiva. Por ejemplo, temas como la conveniencia o no de mantener una organización policial como Carabineros militarizada o configurada por dos escalafones claramente diferencias (oficiales y PNI) no estuvieron en la mesa. Tampoco hubo la posibilidad de discutir acerca de la centralización o descentralización de las organizaciones policiales, entre otros aspectos. Esto no quita méritos a lo avanzado, pero sí pone un límite que obliga a que el tema policial siga siendo reflexionado y discutido más allá del marco de propuestas que se pudo avanzar en 90 días de trabajo intenso.

Saliendo de esta reflexión de más largo aliento, el gran desafío que se viene en el tiempo inmediato es la posibilidad de llevar adelante e implementar los cambios propuestos. Se ha estimado que un tercio de ellos, aproximadamente, supondría reformas legales en tanto que el resto cambios de corte reglamentario y administrativo. Si esto es así, los desafíos principales no solo están en materia de agenda legislativa, sino centralmente en la conducción que la autoridad civil pueda llevar adelante del resto de las medidas. Esto supone desarrollar una estrategia de cambio que, en mi opinión, debe involucrar fuertemente a las policías. Esa estrategia se juega en la capacidad de construir liderazgo técnico y político de parte del Ministerio del Interior y el desarrollo de una estrategia compleja que incluya, entre otros aspectos, incentivos, garrotes y zanahorias para avanzar en la dirección que se pretende.

No me parece exagerado afirmar que el proceso de reforma policial en Chile recién da sus primeros pasos. Se trata de un proceso largo que no acabará en el período que resta al actual gobierno y que requiere seguir siendo discutido y trabajado con perspectiva de reforma de Estado.

Disponible en El Mercurio Legal