“Transparencia o ¿algo que ocultar?”

“Uno de los principales defectos de esta propuesta es que en lugar de dotar de más competencias al Consejo ante entidades autónomas que hoy no están sujetas al él —como el Congreso, Contraloría, Ministerio Público, entre otras-, se fragmenta aún más este modelo”

20-03-2019

Hace 10 años nuestro país dio un paso esencial en materia de transparencia del Estado, con la entrada en vigencia de la ley de acceso a la información pública, más conocida como “Ley de Transparencia”, que establece el principio general de que la información creada o en poder de órganos o servicios del Estado es pública y, por lo tanto, accesible para cualquier persona en sus sitios webs —como el personal contratado y sus remuneraciones, las compras públicas que realizan, el presupuesto anual y su ejecución- o a solicitud directa.

Uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema y que ha sido destacado internacionalmente es la existencia del Consejo para la Transparencia, entidad autónoma (particularmente del gobierno de turno) y que está a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la ley, pudiendo ordenar a los infractores la entrega de la información e, incluso, imponerles sanciones.

Lo anterior ha implicado que a diversos gobiernos se les haya ordenado entregar información como correos electrónicos de ministros, información sobre la construcción de un puente mecano con fondos de la Ley Reservada del Cobre o sobre viajes realizados por personal de la Armada.

Con la evaluación que permite la década de vida de esta ley, el gobierno ingresó el año pasado un proyecto para perfeccionarla, que entre otras cosas incluye a corporaciones y asociaciones municipales como sujetos regulados; establece el principio de lenguaje claro; contempla instancias alternativas de solución de conflicto; y, perfecciona el régimen sancionatorio, entre otras.

Sin embargo, uno de los principales defectos de esta propuesta es que en lugar de dotar de más competencias al Consejo ante entidades autónomas que hoy no están sujetas al él —como el Congreso, Contraloría, Ministerio Público, entre otras-, se fragmenta aún más este modelo. Al parecer, en el caso de fortalecer la transparencia estatal no opera el eslogan “el que nada hace, nada teme”. La sociedad civil sigue esperando por mayores gestos reales de transparencia en nuestras autoridades.

Disponible en La Hora