“Una persistente discriminación”

¿Por qué (…) las isapres mantienen una conducta que no se “toma en serio” la interpretación que prohíbe la discriminación por sexo y edad en los planes de salud?

10-09-2018

La semana pasada, el Tribunal Constitucional (“TC”) declaró contrario a la Constitución que una isapre estableciera una verdadera barrera de acceso a un plan de salud familiar ya suscrito, al aumentar el valor a una madre por su hijo recién nacido. El TC recuerda que, a pesar de haber declarado la inconstitucionalidad de la tabla de factores el año 2010 por el uso de criterios como sexo y edad (elementos inherentes a la condición humana que no pueden ser utilizadas para evaluar riesgos), la isapre mantuvo en los hechos esa discriminación y, lo que es peor, utilizó una interpretación interesada sin que se “tomara en serio” lo señalado en esa oportunidad por el TC.

La imputación realizada por el Tribunal es grave y de algún modo refleja lo que pareciera ser una cultura empresarial, que, de acuerdo a las cifras del estudio Sofofa- Cadem, sostenidamente está entre los tres servicios de menor confianza para los chilenos.

Si se aprecian los datos de la División de Estudios de la Corte Suprema, es posible deducir que, tras la inconstitucionalidad de la tabla de factores el 2010, se produjo una explosión de recursos judiciales contra las isapres principalmente vinculados al alza en los planes de salud y ajuste en las primas Auge. Según esas cifras, entre 2011 y 2017, el 73% de los casos conocidos por el máximo tribunal se refieren a este sector.

¿Por qué pese a las decisiones del TC y la posición de la Corte Suprema las isapres mantienen una conducta que no se “toma en serio” la interpretación que prohíbe la discriminación por sexo y edad en los planes de salud? Una de las razones es que sin una reforma legal precisa, sigue siendo conveniente para ellas litigar antes que ajustar su comportamiento. Al optar por una estrategia de este tipo no sólo perjudica a los usuarios, sino que también a la sociedad en su conjunto, congestionando el sistema judicial y debiendo pagar todos los contribuyentes las externalidades provocadas por decisiones que generan rentabilidad privada, pero provocan una “irracionalidad colectiva”.

Pareciera sensato esperar que este sector y el Estado se tomen en serio lo que está pasando, poniendo término a esta política de discriminación, especialmente cuando las aseguradoras sólo cubren al 16% de la población con previsión de salud y al 33% de las personas asalariadas, siendo el acceso a la salud una de las principales preocupaciones de los chilenos hacia el futuro, por lo que la demanda por un sistema de seguridad social efectivo será cada vez más persistente, de manera que el retraso en una reforma legal al sistema es, a estas alturas, sencillamente insostenible y su omisión sólo alimentará una judicialización que seguiremos pagando todos.

Disponible en La Segunda