«Una reflexión»

“El Presidente y los asesores que estuvieron tras su discurso, se resisten a comprender que la sanidad de una democracia requiere de ‘juicios’ (…) a las decisiones públicas”.

03-06-2019

En su cuenta pública, el Presidente de la República se permitió “una reflexión” —el único momento de su discurso en que utilizó esa expresión— y lo hizo para sostener que “no hay democracia sin separación de poderes del Estado”, para luego afirmar que, si bien respeta la autonomía del Poder Judicial y acatará sus fallos, se deben tolerar los espacios de los demás poderes públicos para “garantizar libertad y certeza jurídica para todos los ciudadanos frente al poder”.

La expresión del discurso fue críptica, no estaba precedida de ningún hecho en particular, pero todos han entendido que mediante esas palabras se encontraba una crítica al fallo de la Corte Suprema en el caso de Puchuncaví-Quintero, una decisión que —con indiferencia de la opinión que tengamos sobre la naturaleza de las medidas que adoptó la Corte— interpeló directamente al Presidente la República.

El Presidente, sin embargo, induce a errores con esa intervención. Como sostenía Hamilton en El Federalista (Nº 78), un texto de cabecera para los juristas de derecha en nuestro país, el Poder Judicial es un poder que “no posee fuerza ni voluntad, sino mera capacidad de juicio”, por lo cual es fundamental proteger su “total independencia” en una Constitución limitada, porque en base a ella se puede garantizar genuinamente la libertad.

La derecha olvida que tiene un problema de consistencia histórica sobre este punto. A finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, la derecha política y sus juristas sostuvieron que no era posible controlar al Gobierno sin un Poder Judicial robusto, cuestión que no había sucedido para ellos bajo la Constitución de 1925. El modelo de la Constitución de 1980 fue de pleno escrutinio judicial a las decisiones del Ejecutivo, salvo, ciertamente, en derechos humanos, en lo que acumuló un vergonzoso pasivo en dictadura.

Desde el retorno a la democracia se realizaron consecutivas reformas para fortalecer la independencia de los tribunales. Sin embargo, los problemas comenzaron con la primera administración del Presidente Piñera. Bajo ésta, al igual que hoy, el Gobierno cuestionó sistemáticamente el supuesto activismo judicial en materia ambiental, indígena, laboral y en las limitaciones impuestas a las policías en asuntos penales.

El Presidente y los asesores que estuvieron tras su discurso, se resisten a comprender que la sanidad de una democracia requiere de “juicios” efectivos a las decisiones públicas por parte de los tribunales, precisamente para garantizar los derechos de los ciudadanos frente al poder mediante interpretaciones razonables. Es con esa dinámica de controles mutuos y creíbles cómo se fortalece la seguridad jurídica y no en el respeto acrítico de las inmunidades del poder.

Disponible en La Segunda